Por un nuevo modelo frente a la pobreza sin clientelismo

Por un nuevo modelo frente a la pobreza sin clientelismo

El gobierno que iniciará el 1º de diciembre cuenta con gran apoyo popular. Una parte sustantiva de ese apoyo proviene de su compromiso con enfrentar de manera seria y diferente las causas de la pobreza y la desigualdad.

Como organización de la sociedad civil expresamos nuestro total respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno en ese propósito. 

En ánimo positivo, con expresa intención de colaboración y diálogo, presentamos un primer marco de objetivos compartidos, propuestas y temas a clarificar, usando un formato sintético.

Aspiramos a que este primer marco, que hasta por su brevedad debe ser tomado como esbozo y punto de partida, sirva para establecer múltiples formas de colaboración y diálogo, entre el nuevo gobierno y la sociedad civil organizada.[1]

10 medidas que respaldamos

De entrada reconocemos y apoyamos las siguientes definiciones y medidas de cambio y transformación frente a la pobreza y la desigualdad:

  • Definición clara de la prioridad frente a la pobreza: “Por el bien de todos, primero los pobres”.
  • Incremento al salario mínimo.
  • Apoyo a pequeños productores del campo.
  • Censo para asignar apoyos de programas sociales.
  • Becas para jóvenes sin trabajo.
  • Mayores opciones educativas para jóvenes.
  • Acceso a servicios y prioridad a la salud preventiva.
  • Pensión universal para adultos mayores.
  • Apoyo económico a personas con discapacidad.
  • Impulso a las consultas y la democracia participativa.

10 propuestas para el diálogo

Dada la experiencia de las organizaciones civiles, presentamos también diez propuestas y recomendaciones que pueden complementar, precisar o enriquecer las diez definiciones y medidas anteriores:

1. Asumir explícitamente el enfoque de derechos, conforme al art. 1º Constitucional, conforme a los más altos estándares internacionales.

2. Facilitar el empoderamiento de las personas en situación de pobreza mediante empresas de propiedad social, sindicatos democráticos, mecanismos de contraloría social, comités de usuarios, entre otras formas de organización social y comunitaria, autónoma de partidos políticos.

3. Crear un nuevo mecanismo institucional para fijar el salario mínimo, apegado al mandato constitucional y con base en información económica verificada, para impulsar la recuperación gradual y sostenida de los salarios.

4. Generar un fondo de fomento a las empresas de propiedad social de indígenas y campesinos para generar cadenas de valor agregado, con criterios de inversión social productiva.

5. Aprobar el marco normativo para crear un registro nacional que funcione como padrón único para asignar programas sociales, conforme a los más altos estándares internacionales de gobierno abierto y con candados eficaces para evitar el clientelismo.

6. Promover activamente la inclusión económica de jóvenes con mayores obstáculos (rezago educativo, pobreza, conflicto con la ley, conductas de riesgo) y en particular de la juventud rural.

7. Apoyar opciones de 2ª oportunidad para que jóvenes en rezago educativo puedan concluir la Educación Media Superior, desarrollen habilidades socioemocionales y competencias técnicas para el trabajo; así como generar una oferta educativa más diversificada, relevante y pertinente con múltiples opciones de educación media y superior, técnica y tecnológica, además de nuevas Universidades.

8. Formular un plan viable para lograr cobertura universal y acceso efectivo a servicios de salud, y para garantizar que funcione la prevención, la detección oportuna y la atención efectiva para personas con factores de riesgo y/o con enfermedades no transmisibles así como convertir en objetivo nacional las medidas de cuidado, nutrición y “estimulación”  durante los primeros mil días de vida de cada bebé.

9. Consensar un plan multianual y transexenal para construir un sistema universal integrado de protección social articulado a las coberturas y derechos de la seguridad social, con enfoque de derechos y mecanismos sustentables de financiamiento, que incluya salud, pensiones y protección social.

10. Impulsar una política de fomento al asociacionismo, a la participación ciudadana en los asuntos públicos y a esquemas de corresponsabilidad gobierno – organizaciones civiles.[2]

Temas que requieren clarificación

La colaboración y el respaldo no se contraponen a la necesidad de clarificar y prevenir situaciones adversas que pueden contradecir los objetivos trazados. Por el contrario, la crítica constructiva es indispensable en todo diálogo público serio.

Sin ánimo de confrontación, presentamos también cinco temas que requieren cuidado para evitar riesgos y situaciones no deseables. Son asuntos que parecen contradecir los valores y principios democráticos o que podrían debilitan la institucionalidad republicana, si no se toman las medidas correctivas o se clarifica bien su aplicación:

1. Impedir que el censo que se ha anunciado, con el propósito de identificar a quienes recibirán los apoyos de los nuevos programas surja de estructuras partidistas, o fuera de la institucionalidad o sin los mecanismos de supervisión y contraloría necesarios, y cerrar todas los espacios para el clientelismo y el lucro político con la pobreza, vengan de donde vengan.

2. Clarificar la función coordinadora y de supervisión presupuestal de la nueva figura de “delegados” estatales y regionales evitando el regreso al centralismo o la construcción de gobiernos paralelos a nuestro modelo republicano.

3. Enfrentar los equívocos posibles del concepto de “autosuficiencia alimentaria” que puedan revivir medidas proteccionistas o fomentar actividades de baja productividad de pequeños productores indígenas y campesinos.

4. Cuidar que los apoyos a jóvenes sin trabajo se conviertan en un subsidio a las empresas y en una simulación que no resuelva los obstáculos a la empleabilidad de jóvenes en mayores condiciones de rezago y riesgo.

5. Evitar que la participación ciudadana y la organización social queden subordinadas al gobierno, o sean cooptadas por partidos políticos, debilitando o frenando la autonomía y el empoderamiento del conjunto de la sociedad, con su diversidad y pluralidad.

Conclusión y mensaje final

Uno de los grandes riesgos de todo nuevo gobierno es la inercia.

Tomar decisiones para romper la inercia es una medida saludable.  Lo importante es que las decisiones contribuyan a fortalecer nuestro régimen democrático. Y en el caso de las políticas frente a la pobreza, es muy relevante que se basen en evidencia.

Y sobretodo, que superen la tentación de recrear el paternalismo y el clientelismo político que caracterizó al régimen del pasado. Refrendamos nuestra exigencia: Democracia sin pobreza.

Aspiramos a  una sociedad sin privilegios, sin corrupción, con una sólida institucionalidad democrática, que garantice derechos para todas las personas, como fundamento de la cohesión social, sin desigualdad y sin pobreza.

 

[1] Aspiramos que surjan múltiples formas de colaboración y diálogo entre el gobierno y los cientos de organizaciones civiles y sociales que por todo el país llevan años y décadas trabajando con sujetos sociales que viven en pobreza y exclusión, y no sólo con la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

[2] Para ello se proponen entre otras medidas: (a) Ampliar los fondos de coinversión social, con concursos abiertos y dictaminación transparente. (b) Facilitar la participación de organizaciones civiles en la ejecución de políticas públicas, de manera transparente y sin discrecionalidad, con base en resultados y capacidad administrativa probada. (c) Facilitar la creación de observatorios y mecanismos de contraloría social y vigilancia ciudadana en servicios y programas sociales prioritarios para la gente: salud, infraestructura, programas sociales. (d) Activar y crear medios de consulta permanente y formas de gobernanza y participación social en decisiones de políticas públicas.