Reformas a la Hacienda Pública y al Sistema de Protección Social

Reformas a la Hacienda Pública y al Sistema de Protección Social

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (Ceey) elaboró este trabajo como un esfuerzo colectivo y pone en el centro de la atención la necesidad de una reforma hacendaria para garantizar servicios públicos de calidad y ofrecer protección a la sociedad en forma sostenible. El texto presenta una propuesta consensuada entre 30 especialistas, de diversas visiones, que recoge las ideas centrales de lo que debería guiar las reformas profundas al sistema de protección social sustentada a su vez en una reforma hacendaria.

De acuerdo con el Ceey bajo las circunstancias actuales, surge la necesidad de generar propuestas serias que integren una reforma al sistema de protección social, como factor indispensable para la cohesión social, y una reforma hacendaria integral que le dé sustento y viabilidad de largo plazo y mejore la competitividad del país. Dichas reformas deben buscar romper con el estancamiento económico prevaleciente y le den a la Nación posibilidad de desarrollo en los mediano y largo plazos. Una propuesta que responda a la imperiosa necesidad de concretar un nuevo pacto social basado en la justicia y sustentado en el crecimiento económico, y que permita hacer que la democracia mexicana funcione para todos los habitantes del país.

El documento indica que ante todo, una propuesta de este tipo deberá responder a interrogantes de fondo. Habría que preguntarnos si el Estado mexicano está capacitado para brindar los servicios que requiere la población de manera sustentable; si tiene la capacidad de estimular el crecimiento económico y la productividad de la sociedad; si necesitamos un nuevo sistema de protección social para los mexicanos. Éstas, señala, podrían parecer cuestiones retóricas si consideramos que en la Constitución mexicana están plasmadas las garantías a los derechos que los mexicanos anhelamos, como son el empleo, la salud o la educación.

Sin embargo —y a pesar de que desde los años setenta la Administración Pública ha experimentado una serie de transiciones, modificándose las relaciones entre los Poderes Federales, entre los Estados y la Federación, y entre todos éstos y la ciudadanía—, algunas de las metas del Estado postrevolucionario mexicano en materia de protección social no se han alcanzado. Las metas mencionadas no se han logrado debido, en parte, a problemas de diseño y/o de implementación de las políticas públicas adoptadas.

Éstas han incluido el reparto de enormes porciones de tierra en el marco de la reforma agraria, la provisión de cuantiosos subsidios a las actividades agrícolas, el establecimiento de importantes subsidios generalizados al consumo, la construcción de los sistemas nacionales de salud, de educación y de protección social y, recientemente, novedosas estrategias de combate a la pobreza. Se lograron avances fundamentales en materia de crecimiento económico hasta principios de los años ochenta, con una ampliación de las clases medias y mayor bienestar social durante varios decenios, es cierto, pero no se ha podido satisfacer cabalmente la ambiciosa agenda social que se puso como objetivo el Estado posrevolucionario.

Más aún, en varios casos, las acciones en materia de bienestar social se han visto truncadas —cuando no completamente revertidas— en sus propósitos de brindar equidad para la sociedad mexicana. Por ello, hoy existe la imperiosa necesidad de que el Estado promueva un nuevo consenso que permita subsanar esas insuficiencias y satisfacer las demandas de bienestar social de toda la población. En especial para quienes se encuentran en condiciones menos favorables. México no puede quedar a la zaga en materia de protección social, cuando otras naciones latinoamericanas ya han implementado reformas que las acercan hacia el propósito de lograr una mayor equidad y salvaguardia de su población.

En paralelo, e igualmente importante, es que en los últimos tres lustros se han aumentado los servicios de protección social sin sus consecuentes fuentes de financiamiento a largo plazo, con el agravante de que una buena parte de la riqueza petrolera se ha utilizado precisamente para financiar el gasto corriente y no la inversión. Por citar algunos ejemplos, al tiempo de tener un balance patrimonial negativo, se ha ampliado velozmente la adscripción al seguro popular, a sistemas de pensiones en el ámbito estatal y federal con fondeos exiguos o nulos, que conviven con sistemas duales de protección que requieren ordenamiento, planeación y financiamiento suficiente y sostenible para garantizar su éxito.

Así, la necesidad de garantizar servicios públicos de calidad, de ofrecer protección a la sociedad y estimular el crecimiento, requiere impulsar una reforma hacendaria. El sistema fiscal en México, el andamiaje financiero y la Hacienda Pública han sido efectivos en procurar estabilidad macroeconómica, ajustando el gasto público a la disponibilidad de ingresos. Sin embargo, no se han constituido en instrumentos para promover el crecimiento económico, el empleo formal y financiar un nuevo marco de protección social universal. Los buenos resultados macroeconómicos de alguna manera disfrazan el hecho de que desde hace varios decenios, la Hacienda Pública mexicana atraviesa por una crisis profunda en sus estructuras básicas, aunque en términos de flujo de caja se haya logrado mostrar una gran destreza para equilibrar la disponibilidad de los ingresos con el gasto público.

México es en una Nación con una gran cantidad de diagnósticos hechos por organizaciones tanto nacionales como internacionales acerca de los problemas que nos aquejan. Existen sugerencias, aunque diversas, acerca de sus soluciones. Cuando menos son ocho reformas las que México tiene pendientes para desarrollarse, mismas que permitirían romper con el estancamiento e impulsar un crecimiento más sostenido. Leer estudio completo