Carta al Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso

Carta al Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso

Dr. Luis Videgaray Caso

Secretario de Hacienda y Crédito Público Presente Un grupo de más de 60 organizaciones civiles hemos creado en mayo pasado la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Esta iniciativa busca enfrentar las causas que generan pobreza en nuestro país con propuestas desde la sociedad civil al conjunto de la sociedad y las autoridades. El pasado 27 de julio dimos a conocer un pronunciamiento frente a los nuevos datos de ingresos, pobreza y desigualdad dados a conocer por el INEGI y el CONEVAL, que muestran una situación alarmante que debe enfrentarse a fondo (Anexo). En especial, resaltamos como grave:

  • El crecimiento de la pobreza entre 2012 y 2014.
  • El incremento de la población que no tiene el ingreso suficiente para adquirir los satisfactores básicos, lo que afecta a 63.8 millones de personas, 3.2 millones más que en 2012 (53.3% de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar).
  • El incremento de la población que no tiene el ingreso suficiente para adquirir la canasta de alimentos básicos, lo que afecta a 23.6 millones de personas, 1.1 millones más que en 2012 (20.6% de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo).
  • La permanencia de 22 millones de personas sin acceso a servicios de salud. Esto es grave porque hay un mandato de la Ley General de Salud para lograr cobertura universal de los servicios de salud en 2010. Aún no se cumple este mandato.
  • La permanencia de 70 millones de personas que no tienen seguridad social. Este dato no incluye a las personas que carecen de seguridad social pero reciben una pensión no contributiva, por lo cual la carencia es aún mayor.
  • El aumento de la desigualdad entre 2012 y 2014 y el crecimiento de las brechas de desigualdad en el ejercicio de derechos sociales para población de bajos ingresos y grupos de población rezagados históricamente como los pueblos indígenas.

Enfrentar la pobreza a fondo requiere un esfuerzo decidido que va más allá de un período de gobierno. Se requieren múltiples acciones de toda la sociedad y de los tres órdenes de gobierno. El punto de partida es colocar este objetivo como una prioridad nacional. La Secretaría de Hacienda tiene una gran responsabilidad para lograr este objetivo por sus atribuciones en materia de política fiscal, gasto público y conducción de la política económica.

La reducción efectiva de la pobreza de manera acelerada debe ser un objetivo de las políticas económicas en conjunto con las políticas sociales. La reducción de la pobreza y la desigualdad pueden constituir un detonador del crecimiento económico con base en el mercado interno y sentar las bases para un desarrollo con mayor cohesión y equidad social. La elaboración, discusión y aprobación del Paquete Económico 2016, y especialmente del Presupuesto “Base Cero”, propuesto por la Secretaría a su cargo, representan una oportunidad para iniciar este cambio frente a las causas de la pobreza con acciones de política económica y social, por lo que estamos presentando tres exigencias, que ponemos a su consideración y pedimos puedan ser tomadas en cuenta:

  • Establecer mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia ciudadana de los programas y recursos para evitar su desviación, dispendio, clientelismo y posibilitar una mejora de la calidad del gasto público y sus resultados frente a la pobreza y la desigualdad.
  • Promover la mejora de los ingresos de la población que hoy vive en pobreza mediante el incremento al salario mínimo en términos reales y la reestructuración de los programas destinados a la generación de ingreso, la inclusión económica, el desarrollo productivo y la empleabilidad.
  • Establecer medidas para garantizar el acceso efectivo a la salud a fin de lograr la cobertura universal a más tardar en 2018 e iniciar la construcción de un “piso” básico de derechos sociales garantizados acorde con lo establecido en el art. 1º de nuestra Constitución.

Es por que esto, que en pleno ejercicio de nuestros derechos ciudadanos y con fundamento en el art. 8º de la Constitución, pedimos a Ud. y a la Secretaría a su cargo, tome en cuenta las siguientes propuestas a fin de que puedan ser incorporadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y/o en las otras reformas legales que serán incluidas en el paquete económico que será presentado al Congreso el próximo 8 de Septiembre:

  1. Disposiciones a incluir en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016
  • Datos abiertos. Incluir en las reglas de operación de los programas presupuestarios la obligación de presentar la información sobre el ejercicio del presupuesto y la cobertura de los programas en formato de datos abiertos de tal manera que posibilite la trazabilidad de los recursos desde el ejecutor hasta su destino final, incluyendo información suficiente de localización, en cumplimiento del Decreto de regulación en materia de datos abiertos publicado en el DOF el 20 de Febrero de 2015 y de la Guía de implementación de la política de datos abiertos publicada en el DOF el 18 de Junio de 2015, de tal manera que esta información sea considerada como “datos de valor” que deben ser priorizados para su publicación y difusión.
  • Padrón único de beneficiarios. Incluir la obligación para el conjunto de los programas de subsidios y transferencias a hogares y personas en condición de pobreza o rezago social de usar una única vía de acceso para la identificación y selección de beneficiarios a través de un registro de población con datos socioeconómicos a fin de que las transferencias y subsidios de los diversos programas se canalicen de manera objetiva, transparente, ágil y con equidad. El “padrón único” no debe ser únicamente una base de datos integrada a posteriori con la conjunción de los datos de los padrones de cada programa, que permite identificar potenciales duplicidades, sino la vía de acceso, generada y actualizada a través de un mecanismo único (ventanilla única). Un registro de población como padrón único permite ahorrar en gastos operativos relacionados con los “levantamientos de información” que actualmente realiza cada programa para integrar su propio padrón de beneficiarios, permite priorizar a la población con mayor necesidad, previene duplicidades, evita la discrecionalidad y los riesgos del clientelismo y sesgo electoral o político, y a la vez permite concentrar acciones de diversos programas complementarios a fin de atender las condiciones específicas de cada hogar y/o persona, así como darles seguimiento adecuado en el tiempo, a fin de garantizar la temporalidad de los subsidios. Es importante garantizar que este Padrón opere con los máximos estándares de transparencia y rigurosidad técnica, por lo que se propone establecer una Junta de Gobierno de la entidad administradora de este padrón, integrada en su mayoría por ciudadanos expertos en la materia.
  • Fortalecimiento de la contraloría social. Establecer la obligación de asignar el 1% de recursos de los programas a fortalecer la contraloría social de los programas de subsidios y de servicios a la población, incluyendo el “Aval Ciudadano” de la Secretaría de Salud. Este presupuesto debe ser administrado y ejecutado de acuerdo a los lineamientos que en su momento, emita el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
  • Atlas de “proyectos productivos”. Establecer la obligación para los programas que canalizan subsidios a proyectos productivos de generar un “Atlas” público con información geográfica suficiente y detallada sobre los proyectos apoyados, así como sobre los servicios de asistencia técnica, capacitación, comercialización y otros similares apoyados con recursos públicos.
  • Eliminación de subsidios regresivos. Establecer la obligación de la SAGARPA y de la Secretaría de reducir gradualmente los subsidios regresivos que se canalizan a grandes productores. Establecer un límite de subsidios que realmente beneficie a pequeños productores y que no esté vinculado al tamaño de la propiedad y establecer obligaciones de inversiones que mejoren la productividad como requisito para canalizar subsidios a personas con grandes extensiones de tierra y/o activos. Los recursos excedentes producto de la reducción de subsidios regresivos se deben canalizar a pequeños productores y empresas sociales.
  • Reestructuración de “programas productivos”. Establecer la obligación de avanzar en la fusión en un solo programa y una sola entidad los programas destinados a apoyar proyectos productivos de población en condición de pobreza y zonas de rezago. No basta la fusión del Programa Opciones Productivas de SEDESOL en el INAES y el regreso de esta entidad a la SEDESOL como se propuso en la nueva estructura programática. Se requiere una política única, integrada y acorde con los requerimientos económicos del mercado para fortalecer la capacidad productiva, de comercialización y de generación de valor agregado en las unidades productivas de la población en pobreza, también conocidas como empresas sociales. Además las reglas de operación de los programas que canalicen subsidios a actividades productivas deben incluir la obligación de destinar al menos una parte a población en pobreza –con métodos objetivos de focalización y de preferencia usando el padrón único- así como incluir en sus MIR objetivos a nivel de propósito para la mejora de los ingresos de la población en pobreza.
  • Incrementar recursos al INAES y al Programa de Coinversión Social. Los recursos liberados de la reducción de subsidios regresivos deben destinarse a fortalecer las empresas sociales a través del INAES y a ampliar los recursos destinados a organizaciones civiles que trabajan directamente frente a la pobreza, a través de procedimientos transparentes y mecanismos más claros de dictaminación y concurso del Programa de Coinversión Social del INDESOL.
  • Plan multianual de ampliación de cobertura del SPSS. El artículo destinado al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) debe incluir la obligación de la Secretaría de Salud de presentar un programa multianual de ampliación de cobertura a fin de alcanzar la cobertura universal a más tardar en 2018, así como garantizar que no haya duplicidad de cobertura con los servicios de salud de las instituciones de seguridad social, fraccionamiento de familias u otras formas de duplicidad. La Secretaría de Salud también debe presentar un plan multianual, al menos por 10 años, para ampliar el catálogo de tratamientos e intervenciones cubiertas por el SPSS a fin de homologarlos progresivamente con los más altos estándares de la seguridad social, a fin de trazar un horizonte de construcción de un sistema integrado y universal de salud, que considere mecanismos de financiamiento sostenible y responsable, como parte de una reforma integral en materia de seguridad social universal.
  • Transparencia y rendición de cuentas de los recursos para la salud. Se deben reforzar las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de los recursos canalizados a los estados para la prestación de servicios de salud. Las obligaciones deben incluir la entrega puntual de los recursos desde las Tesorerías estatales a los Servicios Estatales de Salud, así como la obligación de hacer pública la información sobre el flujo de los recursos hasta el nivel unidad de salud, de tal manera que el personal, los medicamentos e insumos, los equipamientos y demás recursos destinados a la provisión de los servicios tengan trazabilidad desde las grandes partidas de gastos y adquisiciones, incluyendo las compras consolidadas, hasta su suministro al prestador directo del servicio.
  • Evaluaciones e indicadores de acceso efectivo a la salud. El artículo destinado al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) debe incluir la obligación de integrar un conjunto sintético y preciso de indicadores sobre acceso efectivo a la salud, desglosado hasta el nivel unidad de salud. La entrega de la información para generar estos indicadores debe ser obligatoria para los responsables de cada unidad de salud y el cumplimiento en tiempo y forma debe ser garantizado por los directores de los Servicios Estatales de Salud y vigilado por los órganos de control. La evaluación de satisfacción de usuarios del SPSS debe hacerse a una muestra de afiliados y no únicamente a una muestra de egresados de servicios. Los indicadores y las evaluaciones de acceso efectivo deben medir el surtimiento de medicamentos completos conforme a la prescripción y el tiempo de espera para la realización de estudios médicos, tratamientos y cirugías.
  1. Disposiciones a incluir en otros instrumentos normativos
  • Junta de Gobierno con participación ciudadana en el INAES. En la reforma a la Ley de la Economía Social y Solidaria, se deben incluir disposiciones para a) establecer al Instituto como un organismo descentralizado con autonomía técnica y de gestión; b) crear una Junta de Gobierno del Instituto formada en su mayoría por ciudadanos con experiencia y prestigio en el sector, nombrados por el Consejo Consultivo; c) dar la facultad a la Junta de Gobierno de proponer al titular del Instituto para ser nombrado por el titular del Ejecutivo Federal; d) nombrar a nuevos integrantes del Consejo Consultivo a partir de los integrantes ciudadanos de la Junta de Gobierno; y e) un artículo transitorio para que en la primera ocasión los integrantes ciudadanos de la Junta de Gobierno sean propuestos por una comisión ad hoc formada por representantes nombrados por CONEVAL, INDESOL y el INEE.
  • Estimación del salario mínimo para 2016 con un incremento real. La SHCP debe estimar el ajuste del salario mínimo para 2016 a fin de que tenga un incremento real al menos por el doble del aumento del costo de la canasta básica de alimentos en 2015 (y no por el aumento del índice de precios al consumidor en su conjunto), a fin de que la estimación pueda ser considerada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en su decisión.

Solicitamos atentamente que estas consideraciones sean atendidas y reiteramos nuestra intención propositiva a fin de que se construya una política de estado frente a la pobreza y la desigualdad en nuestro país.

Señalamos como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Presidente Carranza 133, Col. Villa Coyoacán, Delegación Coyoacán, C. P. 4000, México, D. F. y como representante del colectivo de organizaciones al coordinador del equipo operativo C. Rogelio A. Gómez Hermosillo Marín, quien suscribe este documento en representación del Núcleo Coordinador de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.  

Rogelio Gómez Hermosillo M.
Coordinador Operativo

Núcleo de Coordinación de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

Adalberto Saviñón (Centro Lindavista), Edna Jaime (México Evalúa), Enrique Cárdenas (Centro de Estudios Espinoza Yglesias), Sandra Robles (Universidad Iberoamericana), Alejandro González y Héctor Rubio (GESOC Gestión Social y Cooperación), Jorge Villalobos y David Ordaz (CEMEFI), José Manuel Domínguez (Centro de Comunicación Cristiana de Bienes), Lucila Servitje, Manuel Gómez, Salvador Domínguez y Benjamín Bravo (IMDOSOC), Pilar Mariscal (Fundación León XIII), Pilar Parás (Fundación Merced), Ricardo Raphael (Centro de Investigación y Docencia Económica - CIDE), Sara San Martín y Luisa Guzmán (Centro de Estudios Ecuménicos).

Nota: La afiliación de la persona no implica en todos los casos la representación institucional formal.

Anexos: Pronunciamiento de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza sobre los nuevos datos de ingresos, pobreza y desigualdad. Comunicado No. 3.

c.c.p. Fernando Galindo Favela, Subsecretario de Egresos.- Presente