Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud. Morelos

Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud. Morelos

El derecho a la salud y a la protección social en salud están garantizados por la Constitución. Sin embargo, este derecho aún no es vigente para toda la población. Por una parte, porque a nivel nacional el 18% de la población, más de 20 millones de personas, aún carecen de afiliación a servicios públicos de salud. Por otra parte, porque la afiliación no garantiza la atención con la calidad necesaria.

El presente documento presenta los indicadores básicos de calidad que afectan el acceso efectivo a la salud en el Estado de Morelos, resultantes del ejercicio de observación ciudadana, así como del análisis comparativo para el conjunto de unidades públicas del sector salud en el estado con base en fuentes oficiales. Al final, concluye con las recomendaciones a las autoridades de salud.

El Derecho a la Salud aún no se cumple La Ley General de Salud, publicada el 15 de mayo de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, estableció que para el año 2010 tendría que haber cobertura de salud al 100% de la población sin afiliación a la seguridad social. Pese a ello, la medición de pobreza 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) indica que en Morelos 16.6%, es decir, 316 mil personas aún carecen de acceso (afiliación) a servicios de salud.

Además de que debe incrementarse la cobertura del Seguro Popular y del Seguro Social, los servicios de salud deben mejorar con urgencia su calidad, para que la población tenga un acceso verdaderamente efectivo. El acceso efectivo a los servicios requiere, que además de la afiliación, haya atención con calidad de acuerdo a la normatividad. Los aspectos más esenciales y básicos para medir el acceso efectivo son la atención en consulta, el surtimiento completo de medicamentos, la realización de los estudios médicos requeridos y la realización de los tratamientos ordenados, especialmente en el caso de cirugías.

El incremento de recursos públicos para los servicios de salud no se ha traducido en una mejora de calidad. Entre 2004 y 2014 el gasto público total en salud en el Estado de Morelos se ha incrementado en 51.0% en términos reales (pesos constantes de 2013). El presupuesto destinado a los servicios para población sin afiliación a la seguridad social en Morelos ha incrementado en 102.4%, al pasar de 1 mil 646 a 3 mil 332 millones de pesos (Ver gráfica 1).

La carencia de servicios de salud se agrava con los ingresos precarios de la población, que les impide acceder a los bienes más elementales: En Morelos 1.1 millones de personas están en situación de pobreza por ingresos, es decir en 6 de cada 10 morelenses.

Metodología de la Observación Ciudadana

Entre los meses de julio y octubre de 2015 20 organizaciones de 16 entidades federativas lograron la participación de más de 700 personas voluntarias para observar la calidad de los servicios de salud. Las y los voluntarios aplicaron 6,886 encuestas a usuarios de 161 establecimientos de salud.[1]

La Observación Ciudadana ha sido un ejercicio de gran valor, que demuestra lo que se puede lograr a través de la organización  ciudadana para hacer frente a la pobreza y la desigualdad.

Los logros destacables de este trabajo conjunto pueden resumirse en que:

Nos enfocamos en la prestación de servicios de salud en zonas de elevada pobreza y marginación, para hacer visibles las necesidades de quienes enfrentan día a día la pobreza.

Recolectamos información independiente al sistema de salud, consultando a las personas usuarias de los servicios.
Recabamos datos que no están disponibles ni siquiera en los indicadores oficiales del Sistema Nacional de Calidad de la Secretaría de Salud.

Evidenciamos fallas en los indicadores oficiales de calidad en salud.

Demostramos que es posible utilizar la información disponible para mejorar la calidad de los servicios, usando la base de datos oficial de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)[2].

Aunque la información del ejercicio de Observación representa únicamente la situación que enfrenta la población en las unidades en donde se realizó el ejercicio, y no podemos decir sobre la situación de otras zonas del país, nuestros resultados sobre los problemas de surtimiento de medicamentos; el gasto en estudios médicos o contribuciones durante cirugías; los tiempos de espera para recibir consulta y cirugía, son confirmados por otras fuentes oficiales de información como el Sistema de Información de Calidad en Salud (INDICAS) de la Secretaría de Salud y por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública.

Estos indicadores nos permiten afirmar que el Sistema de Salud debe mejorar su atención con calidad para garantizar a la población el ejercicio de su derecho constitucional a la salud.

Hallazgos de la Observación Ciudadana

En el Estado de Morelos se aplicaron 1,127 cuestionarios en 26 centros de salud ubicados en 6 municipios de la entidad (Anexo 1).

Entre las personas encuestadas 68.3 % fueron mujeres y 31.7% hombres. La edad promedio de las y los encuestados es de 37.3 años. El 74% de los encuestados respondieron que contaban con seguro popular, el 14% cuenta con IMSS y un 8% se encuentra afiliado en el ISSSTE, un 3% no cuenta con acceso a ningún servicio de salud (gráfica 2).

[1] Véase la estrategia en: http://frentealapobreza.mx/campana-cero-listas-de-espera/

[2] Disponible en: datos.gob.mx

Tiempos de espera para recibir consulta. El 80% de la población encuestada asistió a la unidad de salud por una consulta médica y el 20% restante asistió por otro motivo. Entre los que fueron por una consulta el 92.9% recibió la atención médica. El tiempo promedio que tuvieron que esperar para recibir la atención médica fue de 1 hora y 28 minutos (gráfica 3). 

Medicamentos. De las personas que recibieron la consulta, 78.7% indica que sí le recetaron medicamentos, pero de ellas únicamente 71.7% recibió todos los medicamentos que le recetó el médico (gráfica 4). 

Gastos en estudios médicos. El uso de servicios de laboratorio, rayos x, análisis de sangre, etc. puede resultar muy caro si el sistema público de salud falla en proporcionar el servicio. O inclusive generar que la gente no se atienda porque no cuenta con los recursos para hacerlo.

En la Observación Ciudadana, el 59.6% de los pacientes respondió que los habían mandado a hacerse estudios médicos. De este grupo, 88.6% solicitó hacérselos en una unidad de salud pública, mientras que 11.4% tuvo que hacérselos en otro lugar. Entre quienes trataron de hacérselos en los servicios de salud públicos, únicamente el 88.7% recibió la atención. El 31.3% de la población encuestada tuvo que gastar de su bolsillo para realizarse estudios médicos durante el último año (gráfica 5).

Gastos y tiempo de espera para cirugía. De las personas que tuvieron una operación en el último año únicamente 36% esperó menos de un mes desde que le indicaron que debía operarse hasta que le realizaron la intervención; 6% tuvo que esperar un mes; 13% dos meses; y, 45% tres meses (gráfica 6). 

De las personas que necesitan una cirugía, pero aún no se las realizan, 25.9% no tiene aún fecha programada; a 48.1% le dijeron que tiene que esperar menos de un mes; 3.7% tendrá que esperar entre uno y dos meses; y, 14.8% tiene que esperar más de tres meses; el otro 7.4% restante respondió que le dijeron que no se la iban a hacer.

De las unidades visitadas, una cuarta parte de pacientes que necesitaron cirugía (el 25.5%) pacientes tuvo que gastar en comprar algún producto para la cirugía, como vendas, gasas, jeringas, medicamentos u otro (gráfica 7).  

Análisis de datos oficiales

Para completar el análisis y verificar la consistencia de los resultados de la observación ciudadana, la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha realizado un análisis de la prestación de servicios utilizando  otras fuentes de información oficial.

Por una parte, mediante solicitud de acceso a la información presentada a través de Infomex se consultaron las bases de datos del Sistema de Indicadores de Calidad de Salud (INDICAS) de la Secretaría de Salud para los años 2011 a 2014.[1] También se consultaron las bases de datos estatales de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública.

Los resultados obtenidos de la información oficial para el conjunto de unidades públicas de salud del Estado de Morelos confirman la gravedad de los hallazgos del ejercicio de observación ciudadana y la presencia de graves problemas de calidad y acceso efectivo a la salud.  

Estos datos son preocupantes y requieren la atención de las autoridades para mejorar el ejercicio del derecho a la salud:

12.4% de las unidades de salud no han reportado información sobre calidad de los servicios que prestan durante los últimos 4 años (2011-2014).[2]
Una de cada seis de las unidades de salud (16.4%) no reportaron información en el último periodo de 2014.[3]
Siete de cada diez de las unidades de primer nivel urbano (70.8%) y seis de cada diez de las del área rural (69.2%) tienen fallas en el surtimiento completo de medicamentos.[4]
Sólo 64.4% de los pacientes reciben los medicamentos que se le recetan.[5]
32. % de las personas pagaron por consulta, medicamentos o estudios de laboratorio.[6]
62.5% de las unidades de urgencias incumplen con los tiempos de espera previstos en la norma.[7]
25.53% de las personas que se sometieron a intervención quirúrgica en los servicios públicos de salud tuvieron que pagar por algún material o medicamentos para la cirugía.[8]
Una tercera parte de las unidades de primer nivel (32.5%) y 81.3% de las unidades de urgencias, tienen quejas de los usuarios.[9]

Recomendaciones y propuestas

La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza recomienda a las organizaciones civiles y la ciudadanía presentar las siguientes exigencias y propuestas a las autoridades de salud del Estado de Morelos:

Publicar información completa y oportuna. Las autoridades de salud deben garantizar que el 100% de las unidades de salud reporten de manera veraz y oportuna los datos en el sistema de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS). Se debe supervisar el cumplimiento de esta obligación y el reporte de información veraz que impida ocultar o “maquillar” problemas del acceso efectivo a la salud.
 Transparentar el ejercicio de recursos hasta su destino final.  Las autoridades de salud deben informar de manera clara y completa la aplicación del conjunto de los recursos destinados a la salud.  La información debe presentarse en formato de datos abiertos.  La información debe permitir la trazabilidad de la aplicación de los recursos hasta su destino final en las unidades de prestación de servicios incluyendo salarios y plazas de personal (diferenciando personal administrativo y personal de atención directa), medicamentos, insumos, equipamiento, mantenimiento, gastos operativos y gastos administrativos.
Establecer una auténtica contraloría social ciudadanizada.  Las autoridades de salud deben generar una instancia ciudadana, con participación de Universidades, organizaciones civiles y organizaciones de usuarios / pacientes con atribuciones para la atención de los reportes del “Aval Ciudadano”.   Esta instancia debe promover la capacitación y fortalecimiento del Aval, su cobertura en todas las unidades de salud y tener mecanismos de interlocución con las autoridades de salud, incluyendo los responsables de los servicios de salud de cada jurisdicción, a fin de acordar planes de mejora de calidad de atención para garantizar acceso efectivo a los servicios.
Establecer un proceso de mejora continua en la prestación de los servicios.  Las autoridades de salud deben establecer planes de mejora, con base en los indicadores del sistema de calidad, aplicable por jurisdicción y por unidad en lo que corresponda, que posibiliten el abasto oportuno y completo de medicamentos, la prestación oportuna de tratamientos y cirugías y el funcionamiento permanente de los equipos para estudios, cirugías y demás equipamiento para evitar las “listas de espera” o la negación del servicio.
 Un plan de cobertura universal centrado en prevención, detección oportuna y atención inmediata.  Las autoridades de salud deben identificar las brechas de afiliación para lograr la cobertura universal de la población, así como para la prestación de los servicios, priorizando las medidas de atención preventiva, detección oportuna y atención inmediata, así como las buenas prácticas de salud pública que enfrenten efectivamente la transición epidemiológica y las complicaciones de los casos, con su múltiple efecto nocivo en la salud de las personas y los costos para el sistema.

Anexo 2 

 

[1] Para acceder a las bases de datos se tuvo que presentar una solicitud de acceso a la información vía Infomex, porque no están disponibles en datos abiertos. Las bases entregadas además presentaron serios problemas de dispersión y falta de claves de identificación.

[2]Cálculos de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con base en la información del Sistema INDICAS (2011-2014), proporcionada por la Secretaría de Salud mediante solicitud de acceso a la información N° 0001200233315 y recurso de revisión interpuesto RDA 3896/15.

[3]Ibid.

[4]Ibid.

[5]Cálculos de Acción Ciudadana Frente a la pobreza con base en la ENSANUT 2012 y el ejercicio de observación ciudadana 2015.

[6] Fuente: Acción Ciudadana Frente a la pobreza con base en la ENSANUT 2012

[7]Cálculos de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con base en la información del Sistema INDICAS (2011-2014), proporcionada por la Secretaría de Salud mediante solicitud de acceso a la información N° 0001200233315 y recurso de revisión interpuesto RDA 3896/15

[8]Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con base en Observación Ciudadana 2015.

[9]Cálculos de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con base en la información del Sistema INDICAS (2011-2014), proporcionada por la Secretaría de Salud mediante solicitud de acceso a la información N° 0001200233315 y recurso de revisión interpuesto RDA 3896/15