La culpa es de Salinas

La culpa es de Salinas

18-08-2015

La confusión sobre qué hacer frente a la pobreza inició con Solidaridad. Desde entonces se confunden los programas sociales con las políticas necesarias para reducir la pobreza. La confusión es grave porque oculta la responsabilidad de la política económica en la reducción de la pobreza. En el periodo de Solidaridad, entre 1989 y 1994, la pobreza no se redujo, se incrementó de 53.5 a 55.6 por ciento de la población.

Después se disparó a 69.6 por ciento en 1996, como efecto de la crisis económica heredada de ese periodo. La confusión también desenfoca la responsabilidad de la política social de garantizar derechos. La medición multidimensional de la pobreza, creada por Coneval, si no se comprende bien, puede ser interpretada para alimentar esa confusión.

Fue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994, hace más de 25 años, el que difundió su programa estrella Solidaridad como un programa de combate a la pobreza. La confusión tiene varias aristas porque Solidaridad era varias cosas. En primer lugar Solidaridad era una “marca”. Una identidad común para múltiples acciones, obras y programas del gobierno federal.

La “marca” se usó como imagen (branding) de muchas acciones, incluso de varios programas preexistentes: las clínicas rurales del IMSS Coplamar se convirtieron en IMSS Solidaridad, Diconsa y Liconsa comercializaron los productos Solidaridad y hasta la autopista del Sol tiene el logo de Solidaridad. Solidaridad también era un programa basado en un “Fondo de Inversión Social” de grandes dimensiones.

El Fondo se ejercía principalmente para realizar obras de infraestructura social básica en comunidades marginadas. Las obras de Solidaridad que ejercieron la mayoría de los recursos se enfocaban a reducir rezago social. Las acciones más frecuentes fueron: construir y arreglar escuelas y unidades de salud, abrir caminos rurales, introducir agua potable y drenaje, pavimentar calles, construir canchas de basquetbol y centros comunitarios.

Estas acciones tienen gran valor. Son acciones de inclusión social. El problema es confundirlas y pedirles que reduzcan la pobreza. El otro problema es que prioricen los fines electorales. El objetivo de las políticas sociales debe ser cerrar brechas de desigualdad para garantizar el ejercicio de derechos sociales. Eso es lo contario del sesgo clientelar. En nuestro país no hay enfoque al factor central de permanencia y crecimiento de la pobreza: los ingresos insuficientes.

En México, la política económica no considera como objetivo la reducción de la pobreza y de la desigualdad. La separación y sobretodo, la contradicción entre política económica y política social es la primera barrera a superar. Por eso la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza busca colocar en el centro el cambio de políticas económicas, como factor central e indispensable para enfrentar la pobreza y la desigualdad. Sin economía incluyente no puede haber reducciones significativas y sostenibles de la pobreza.

La oportunidad de empezar el cambio es ahora, en la discusión y aprobación del Paquete Económico 2016 con su presupuesto “base cero”. Por ejemplo, hay que eliminar los subsidios regresivos, que dan a quienes más tienen, iniciando por los de Sagarpa; reducir los regímenes de excepción, las exenciones y condonación de impuestos y cerrar espacios de opacidad y corrupción, como el Ramo 23. Es posible y nos conviene a todos.

Consultor internacional en programas sociales.

@rghermosillo

Leer en El Universal