Frente a la pobreza y la desigualdad

Frente a la pobreza y la desigualdad

20-05-15

Hoy un conjunto plural de organizaciones de la sociedad civil anuncian la creación de la “Acción Ciudadana Frente a la Pobreza”. La intención es involucrar a la ciudadanía para enfrentar la pobreza y la desigualdad. Se trata de generar mecanismos de participación en las políticas públicas para hacer efectivos los derechos y mejorar el ingreso.

Se inicia con acciones para enfrentar la corrupción. México es un país rico y más de la mitad de su población vive en pobreza. Nuestro país se ubica entre las 15 economías más grandes del mundo y sin embargo, ocupamos el lugar 71 en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Eliminar las barreras que producen pobreza y desigualdad es posible.

Diversos países del mundo han logrado avances notorios. Para ello, hay que clarificar el enfoque: el factor determinante de la pobreza y la desigualdad es económico. Por lo tanto, no bastan los programas sociales para lograr un impacto sostenible en la pobreza. En los últimos 20 años se ha reducido el poder adquisitivo de los ingresos laborales.

El 40% de las personas con ingresos laborales no logran adquirir con ellos la canasta alimentaria. Hay diversas opciones de política para enfrentar la pobreza y la desigualdad. Aunque el debate está abierto, hay puntos que pueden generar consenso. Por ejemplo enfrentar la corrupción es exigencia generalizada. También se sabe que es indispensable lograr crecimiento económico. Sin embargo no cualquier crecimiento logra reducir la pobreza.

Se requiere crecimiento incluyente. Hay que romper las barreras que separan a los “dos Méxicos” como muestra el informe de Mckinsey. En el sur rural rezagado y en la incorporación de mujeres y jóvenes a la economía productiva radica la ventana de oportunidad para aumentar la productividad. La economía incluyente debe ser el centro de una estrategia nacional. Se requieren políticas económicas que fortalezcan la capacidad productiva y la generación de empleos de calidad. Dos ejemplos entre otros: la economía social y solidaria debe ser fortalecida y se debe crear un programa articulado de empleabilidad y segunda oportunidad para jóvenes.

El problema es que no se está enfocando así la política. Por ejemplo hay más de 120 programas federales destinados a generación de ingresos y/o empleabilidad. Esta dispersión genera duplicidades, coberturas marginales, opacidad y bajísimos impactos. El Índice de Desempeño de Programas Presupuestarios elaborado por GESOC muestra que 75% de los programas son opacos o dispersos. Los programas sociales no están enfocados a garantizar derechos.

El caso de la salud es paradigmático. El art. 4º de la Constitución garantiza el derecho a la salud. Pero aún se mantiene un sistema fragmentado, con diferentes “paquetes” de servicios. Además aún no hay cobertura universal de salud. Pese a los anuncios, aún 20% de la población presenta esa carencia y se mantiene el gasto de bolsillo y el uso de servicios privados. El acceso efectivo a los servicios de salud no está garantizado por la afiliación al Seguro Popular o por la seguridad social. Aunque se carece de información sistemática, sólida y confiable para medir el efecto de las “listas de espera” para tratamientos, estudios e intervenciones quirúrgicas, todos conocemos casos de esta negación práctica del servicio.

Transparentar esta información será una de las exigencias iniciales para lograr #CeroListasdeEspera en servicios de salud. Economía incluyente, acceso efectivo a los derechos sociales, iniciando por el acceso efectivo a la salud, y mecanismos de participación y exigibilidad ciudadana, es la agenda que propone la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Todos estan convocados. Más información en www.frentealapobreza.mx Leer artículo en El Universal