¿Efectiva... para quién?,¿para qué?

¿Efectiva... para quién?,¿para qué?

Entregar dinero a cambio del voto es delito. Repartir tarjetas de débito con la promesa de depositar después también lo es. Lo más grave es que este acto atenta contra la democracia, y también contra una política social que garantice derechos. Este acto de campaña debe ser la gota que derrame el vaso y nos lleve a un cambio institucional de gran calado. Su inicio es una reforma al Art. 27 de la Ley General de Desarrollo Social, para establecer un registro único de población que sea obligatorio para asignar cualquier transferencia en efectivo o en especie. Eso es el “padrón único”. Debe ser la única vía de acceso a dinero público entregado a las personas.

Es increíble que las autoridades electorales y la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (FEPADE) no actúen frente a la entrega de tarjetas de débito. Alfredo del Mazo reparte tarjetas de débito que supuestamente son la promesa de crear un nuevo programa social: el “salario rosa”. Esta nueva ocurrencia carece de sustento como política pública. Sin embargo, como sucedió hace seis años, la tarjeta resulta muy “efectiva” en campaña: permite comprar votos sin gastar y permite mantener la “promesa” sólo en caso de ganar. Así se evita que quienes reciben dinero por votos, luego no cumplan. Doblemente efectiva... para comprar votos. Condicionar programas sociales en campañas electorales también es delito.

Pero es dudoso que las autoridades electorales actúen. Se puede suponer que los abogados del PRI tienen lista la defensa con trampas legalistas. También resulta muy “efectiva” porque dirán que no es compra de votos, porque aún no se hace el intercambio de dinero. Y que no hay condicionamiento de programas sociales, porque el “salario rosa” aún no existe. Mientras tanto spots, espectaculares y actos de campaña difunden abiertamente la compra de votos a plena luz del día. Detener esta aberración también obedece a normas de transparencia y eficiencia presupuestal. Los programas sociales no deben ser ofrecidos en campañas electorales. Sería muy grave que surja una nueva transferencia estatal usando las tarjetas entregadas durante la campaña.

Esta forma de repartir “tarjetas” para entregar subsidios públicos atenta contra todos los principios y muchas normas de la Ley de Presupuesto. Todo subsidio debe cumplir con criterios de equidad, transparencia, temporalidad y eficacia. Para frenar de una vez por todas estos abusos, el reparto de dádivas en efectivo o en especie debe ser eliminado totalmente del presupuesto. Las transferencias monetarias deben ser reguladas para ser universales (ingreso básico, pensión no contributiva) o focalizadas con condiciones específicas (becas para estudiantes o el diseño original de Progresa).

Las entregas en especie deben eliminarse y ser excepcionales. Basta de despensas, cobijas, láminas, cemento y demás repartos absurdos. Por el bien de la democracia, y sobretodo para recuperar el sentido de la política social, todas las transferencias de recursos públicos deben ser asignadas a través de un padrón único nacional.

Un registro similar y paralelo al SAT, con información sobre ingresos y otras variables socioeconómicas de cada hogar. Un registro con transparencia, rendición de cuentas y vigilancia ciudadana. En México llevamos 15 años esperando para hacerlo realidad. Este tipo de registro se conoce como “padrón único de beneficiarios” o “sistema de información social” en América Latina y otros países. El retraso no es por falta de cédula de identidad. Tampoco Brasil tiene cédula única y funciona el cadastro unico. Es mejor tener una clave única, pero se puede funcionar sin ella. No hay que esperar. 

 Por la democracia, y por lograr resultados frente a la pobreza, hay que lograr estas reformas.