Se buscan diputados que eviten uso electoral de programas sociales

Se buscan diputados que eviten uso electoral de programas sociales

Boletín de Prensa No. 19/16

  • Acción Ciudadana Frente a la Pobreza entrega a la Cámara de Diputados propuestas que limiten clientelismo y uso político de programas sociales en el Decreto del Presupuesto 2017
  • Alertan de riesgo sobre recursos a programas sociales en Estados porque el 70% de los programas estatales carecen de reglas de operación y el 77% no rinden cuentas en la Cuenta Pública estatal.
  • Estado de México, Nayarit y Coahuila renovarán gubernatura y son gobiernos con bajos niveles de transparencia y rendición de cuentas en sus programas sociales.

 De los 6 mil 751 programas sociales en el país, más de la mitad han sido creados por los gobiernos estatales, derivado de ocurrencias o promesas de campaña, por lo que de cara a los procesos electorales que se celebrarán en el Estado de México, Nayarit y Coahuila para renovar gubernatura en 2017, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, llama al Legislativo a poner candados que combatan la opacidad y el clientelismo.

El compromiso de las diputadas y los diputados debe verse reflejado en acciones concretas, pues la opacidad -entendida como falta de transparencia en el manejo y rendición de cuentas de los recursos públicos- es el nido de la corrupción en la política social y se ha convertido en la licencia que se toman los políticos para inventar programas sociales que benefician a su clientela electoral y “engordar su cochinito”, con lo cual además limitan los resultados de la política social.

Más de 60 organizaciones de la sociedad civil que conforman Acción Ciudadana Frente a la Pobreza demandan un alto a la creación de programas sociales sin ton ni son. Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (Coneval) señalan que hay 6 mil 751 programas sociales en todo el país, lo que significa 14 por ciento más que el año pasado.

Más de la mitad (3 mil 788) de los programas son creación de gobiernos estatales. En su mayoría son ejecutados sin los mínimos requisitos de institucionalidad y transparencia. De los programas estatales sólo el 30% cuenta con un documento normativo y poco más del 20% reportan a la cuenta pública estatal.  Según el Inventario Estatal de Programas y Acciones de CONEVAL, de los 3,788 programas estatales, 2,665 (70%) carecen de un documento normativo y 2,913 (77%) son omisos en reportar en la Cuenta Pública Estatal.

De los estados en donde se elegirá gobernador el próximo año, destaca el Estado de México. En esta entidad CONEVAL contabiliza 232 programas sociales estatales. De ellos 170 funcionan sin reglas de operación y 64 no reportan en la cuenta pública, es decir no rinden cuentas y no son materia de fiscalización, por lo que no se sabe como se usan los recursos que se les asigna ni a dónde va a parar ese dinero.

Los casos de Coahuila y Nayarit son muy similares o incluso están peor en su falta de transparencia y rendición de cuentas. 

En Nayarit se contabilizan 210 programas, lo cual en sí mismo ya es una gran dispersión que facilita la opacidad.  De estos programas, sólo 35 tienen reglas de operación y únicamente 23 reportan en la Cuenta Pública Estatal. En Nayarit, el 83% de los programas carece de documento normativo y el 90% no rinde cuentas de manera institucional en la Cuenta Pública Estatal.

En Coahuila se contabilizan 123 programas y resulta aún más llamativo porque ninguno reporta en la cuenta pública y sólo 33 tienen un documento normativo, es decir, el 73% de los programas carecen de reglas de operación.

Ante este panorama, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentó propuestas de modificaciones específicas al Decreto de Presupuesto de Egresos (PEF) 2017 para agregar candados en beneficio de la transparencia, la rendición de cuentas en los programas sociales, para frenar el clientelismo y el uso electoral de los programas.

El 27 de octubre se entregó a la Comisión de Presupuesto y a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados el documento para adicionar los artículos 26, 27 y 35 del decreto del PEF 2017 con medidas específicas para cortar, por la vía institucional el uso clientelar de los programas sociales. 

Las medidas propuestas a ser incluidas en el Decreto del Presupuesto 2017 incluyen: a) la obligación de los programas sociales de transparentar su información sobre cobertura, padrón, resultados y ejercicio de gasto, en formato de datos abiertos; b) la instrucción a la SEDESOL de generar un padrón único de beneficiarios como la vía obligatoria de acceso a programas de transferencias, en efectivo o en especie; y c) la obligación de transparentar la información de prestación de los servicios de salud y mejorar la evaluación para medir acceso efectivo a la salud de la población afiliada al “Seguro Popular”.

Para ello, estamos buscando a diputadas y diputados comprometidos con un México con menos desigualdad e interesados en impulsar de manera plural la urgencia de incorporar estos candados contra la corrupción y al clientelismo electoral.

Hemos publicado un anuncio “se solicitan diputadas (os)” en los avisos de los diarios nacionales para invitarlos a promover estas medidas. Los interesados pueden informarse en el sitio web www.frentealapobreza.mx y recibir las redacciones que se proponen de adiciones a cada uno de los textos a ser incluidos en el Decreto del Presupuesto.

Las organizaciones de la sociedad civil ofrecemos a cambio, reconocimiento social a los diputados que logren las adiciones al decreto del PEF 2017, acreditar en su historia curricular su acción en beneficio de la democracia y de la transparencia e incluso defender su fama pública para que cuando se diga que todos los legisladores son iguales, porque no trabajan, se cite el nombre o los nombres de quienes, en los hechos, suscriban esta experiencia.