No hay sustento para el triunfalismo frente a la pobreza y la desigualdad: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

No hay sustento para el triunfalismo frente a la pobreza y la desigualdad: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

  • La pobreza y la desigualdad aún impiden el ejercicio de derechos básicos para millones de mexicanos.
  • Las brechas de desigualdad se han incrementado para indígenas, estados del sur, quienes viven en zonas rurales, y entre los que mas y menos tienen.
  • Urge un nuevo modelo económico y social que permita igualdad de oportunidades, mejora de ingresos y un “piso” de derechos sociales para todos.

Las declaraciones triunfalistas del Presidente y de varios secretarios del gobierno federal carecen de sustento y parecen más bien actos de precampaña electoral. 

Las cifras de la medición de la pobreza dadas a conocer por CONEVAL no sustentan el festejo.  Por el contrario, obligan a una revisión a fondo del modelo económico y social que impulsan tanto el gobierno federal, como los gobiernos locales.

Todavía hay millones de personas que no ejercen sus derechos básicos y que no cuentan con ingreso suficiente para la sobrevivencia.

Hay “reducciones” que no mejoran las condiciones de vida de las personas, sino sólo reflejan un cambio en la forma de responder o de medir las carencias. En algunos casos se trata de cifras “maquilladas” o al menos, no comparables y que no reflejan cambios recientes.

Se requiere un nuevo rumbo con acciones urgentes y de mediano plazo para enfrentar la pobreza y la desigualdad de manera efectiva.

1) Los datos duros

De acuerdo con las cifras de CONEVAL para 2016:

La mitad de la población (50.4%) carece de ingreso suficiente para adquirir lo más básico para sobrevivir. Son 62 millones de personas.
Solo el 6% de las personas indígenas no presentan carencias sociales o de ingreso. Casi 3 de cada 4 viven en pobreza (72%) y 4 de cada 10 no tienen ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria (42%).
Los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz aumentaron su población en pobreza, ampliando la brecha de desigualdad entre el sur y el norte.
La falta de seguridad social afecta 68 millones y medio de personas (56%). Esto pese a que la forma de medir la carencia no contabiliza a quienes reciben programas sociales de adultos mayores, aunque no tengan salud o pensión del IMSS o ISSSTE.

2) Las apariencias engañan

Por otra parte, no hay sustento para festinar carencias que no han mejorado las condiciones de vida ni mucho menos el ejercicio de derechos de las personas. Se trata de cifras no comparables que en muchos casos no cambian la realidad.

Las mínimas reducciones en la carencia “rezago educativo” se explican sobretodo por que niñas y niños menores de 6 años que asisten a guarderías ahora son considerados en “educación preescolar” pese a que su funcionamiento y actividades sigan siendo iguales, y en realidad sean espacios de cuidado y no centros educativos.

Las reducciones en la carencia por “acceso a servicios de salud” se explican sobretodo –desde hace 15 años al menos – por la afiliación de quienes carecen de seguridad social, al “Seguro Popular”.  Sin embargo, esta afiliación no garantiza su acceso efectivo a los servicios.  Además de que de acuerdo al mandato de la Ley, esta carencia debería estar en “cero” por el compromiso de la cobertura universal en salud que debería haberse alcanzado en 2010.

Especial cuidado debe tenerse con la “reducción” de la pobreza extrema.  Parecería que México por fin está logrando reducir esta condición inhumana de carencia aguda a “menos de un dígito”. El dato oficial para 2016 la ubica en 7.3% y contabiliza “únicamente” a 9.4 millones de personas en esta situación.

En realidad, y también con los datos oficiales de CONEVAL, sabemos que hay más de 21 millones de personas que carecen de ingreso suficiente para adquirir alimentos.

Estos 21 millones de mexicanos, son el 17.5% de la población. De acuerdo a parámetros internacionales se ubican en condición de pobreza extrema por carecer el ingreso suficiente para una canasta mínima de alimentos. Estarían en “pobreza alimentaria” de acuerdo a las categorías usadas en México hace pocos años.

Esta condición extrema afecta especialmente a la población indígena: 42%. Y también a quienes viven en zonas rurales: 29%. 

En algunos estados del sur del país, una gran parte de la población carece de ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria. En Chipas es la mitad de la población (49.9%); en Oaxaca son 4 de cada 10 (40.2%); en Guerrero es más de la tercera parte (35.2%); en Veracruz es casi la tercera parte de la población (30.6%), que se ubican en “pobreza extrema por ingresos”.

 

 

3) Urge un nuevo rumbo para crear un modelo que logre cohesión social

Desde la sociedad civil no aceptamos que las cifras sirvan para festinar o para denostar como actos de campaña.  Los discursos políticos que no generan propuestas de cambio para hacer frente a la pobreza y la desigualdad de manera efectiva, solo persiguen fines electorales y ningún efecto social.

La medición de la pobreza constituye un llamado de atención que exige acciones inmediatas. No podemos esperar al próximo gobierno, hay medidas urgentes que se pueden tomar desde el gobierno federal y desde los gobiernos locales. 

Especial responsabilidad tienen los gobernadores que iniciaron su mandato en 2015 ó 2016.  La gran mayoría cuentan con tiempo suficiente para hacer un cambio de rumbo y romper la inercia de programas dispersos, clientelistas, paternalistas y disociados del desarrollo regional, el fomento productivo y las políticas de inversión.

No habrá resultados sustanciales y sostenidos frente a la pobreza y la desigualdad si no se abandonan políticas empobrecedoras. Tampoco si no se establecen modelos incluyentes y que reduzcan brechas de desigualdad.

Tres medidas son urgentes desde el gobierno federal:

Erradicar la política de contención del salario mínimo (SM). La CONASAMI sigue una política que genera pobreza.[1]
Incrementar recursos para mejorar ingresos de productores en pobreza.[2]
Minimizar el espacio para el clientelismo, el uso electoral y la corrupción en el presupuesto.[3]

Tres acciones son urgentes en los gobiernos estatales:

Priorizar las políticas para la movilidad social y la igualdad de oportunidades, desde la primera infancia hasta la juventud. En especial, garantizar el desarrollo pleno del cerebro durante los primeros mil días de vida;[4] promover la permanencia escolar de adolescentes y jóvenes hasta concluir el ciclo secundario y generar opciones de 2ª oportunidad para jóvenes que no lo concluyeron.[5] 
Garantizar acceso efectivo a la salud con los recursos del “Seguro Popular”.[6]
Generar mecanismos de coinversión tripartita: Gobierno – Empresa – Sociedad Civil, creando un nuevo modelo de alianzas PPS: Público – Privado – Social.[7]

 

 

Tres medidas serían muy útiles desde el Legislativo:

Aprobar la creación de un “Registro Ciudadano para la Inclusión Social” que funcione como padrón único y obligatorio para la asignación de todo tipo de subsidios y apoyos de los gobiernos federal, estatal y municipales, con enfoque de derechos y garantizando su transparencia, objetividad y vigilancia ciudadana.
Asignar presupuesto con base en resultados. Evitar los incrementos a los programas que sirven para “moches”, fortalecer los candados para evitar la desviación de recursos para la salud y para infraestructura social, así como incrementar presupuesto únicamente a programas con resultados (y no solo por su “nombre” o “propósito” declarado).
Reducir el financiamiento público  a los partidos, la propaganda gubernamental y prohibir los bonos y pagos extraordinarios.

Tres acciones desde la ciudadanía:

Vigilar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y de los 32 Sistemas Locales Anticorrupción, evitando su captura por los partidos, los poderes fácticos y los intereses de minorías.
Exigir que las autoridades electorales investiguen y sancionen el uso de programas sociales y recursos públicos en campañas políticas.
Castigar y sancionar cultural y políticamente a candidatos y partidos que “regalen” cosas en sus campañas, que lucren con la pobreza, que usen recursos públicos o programas destinados a lo social para fines proselitistas.

 

 

 

 

 

 

 

Contacto para medios:  Diana Turner: 55 85 80 65 25 / Rosa Elena Luna: 55 22 71 56 86

 

[1] La discusión técnica está superada: el salario mínimo (SM) en México tiene ajustarse para recuperar valor. La posición normativa ha sido ya establecida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por la Suprema Corte de Justicia (SCJN): el SM no puede ser inferior al monto del costo de la canasta básica para una persona, que es la línea que fija el umbral de la pobreza.  La posición de un sector importante de la iniciativa y los patrones ya fue fijada por COPARMEX a favor de la recuperación gradual del SM, iniciando por ubicarlo en $94 por día.

[2] En particular, se debe reducir el presupuesto de programas sin resultados y que carecen de mínimos de consistencia y transparencia. Es urgente minimizar los programas que privilegian a grandes productores y asignar los recursos al fomento de la economía social, por medio de fondos de fomento, con modelos de inversión de capital de riesgo, con dictaminación independiente, evitando los criterios burocráticos y los subsidios a fondo perdido, tanto para cooperativas y grupos productivos asociados, como para la promoción de emprendimientos y PyMES.

[3] El Sistema Nacional Anticorrupción debe establecer un mecanismo ágil y eficaz de supervisión y vigilancia del gasto social, tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales y municipales para evitar los “moches”, el condicionamiento de programas y el uso de recursos públicos en la promoción de candidatos o partidos.

[4] Mediante un “paquete” integrado y bien focalizado en las zonas de mayor pobreza y marginación con acciones de nutrición, prevención de enfermedades, estimulación temprana y cuidado infantil.

[5] Hay más de 11.5 millones de jóvenes mayores de 18 y menores de 30 años, que no han concluido el ciclo secundario, pues carecen de educación media superior completa (EMS). Cada año desertan más de 600 mil jóvenes de bachilleratos y demás escuelas de EMS. Urge detener esa sangría de exclusión con medidas de prevención, becas y apoyos extraescolares para quienes están terminando la secundaria y especialmente para quienes cursan ya la EMS. También urge generar una opción adecuada para quienes ya salieron sin concluir y no tienen ya la edad para regresar al sistema formal.  Esta opción debe incluir además de la formación académica, capacitación técnica para el trabajo y acompañamiento psicosocial para el desarrollo del proyecto de vida y las “habilidades blandas”.

[6] En particular se debe garantizar la atención de quienes tienen afiliación al “Seguro Popular”. Para que las personas afiliadas reciban atención médica, medicamentos, estudios y tratamientos, se deben generar mecanismos ágiles de corrección cuando se generan listas de espera y se deben garantizar que los recursos del “Seguro Popular” se destinen a los servicios de salud. La participación ciudadana a través de una auténtica contraloría social vinculada al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción puede vigilar la aplicación de los recursos y promover la atención ágil cuando se niega la atención.

[7] Las alianzas público – privadas han demostrado ser un buen mecanismo de inversión para la generación de infraestructura y para la dotación de servicios.  Para la atención de las prioridades de lo social, como el desarrollo infantil temprano, las opciones de formación para jóvenes en riesgo, o la promoción de cooperativas y las diversas formas asociativas de la economía social, estas alianzas deben ampliarse a un tercer actor que son las organizaciones de la sociedad civil con modelos evaluados y con capacidad administrativa y técnica para generar resultados demostrables.