El “añadido” a Ley “3de3” afecta a la sociedad, en especial a los más pobres

El “añadido” a Ley “3de3” afecta a la sociedad, en especial a los más pobres

Boletín No. 10/16

  • 6 Millones de titulares de Prospera y millones más de beneficiarios de programas sociales estarían obligados a presentar declaración patrimonial y de “intereses”
  • Según art. 32 de la Minuta de la Ley General de Responsabilidades Administrativas aprobada ayer por la Cámara de Diputados, todas las personas que trabajen para empresas que reciban un pago del gobierno también tendrían que presentar ambas declaraciones.
  • Urge corregir esta aberración jurídica y avanzar en el Sistema Nacional Anticorrupción que es un gran avance para el país y para enfrentar la pobreza y la desigualdad

Boletín de prensa. No. 10 El texto añadido en el último momento por los senadores al art. 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas afecta al conjunto de la sociedad y en especial a los más pobres.  Con ese añadido que no se había discutido previamente ni se había votado en las comisiones, el art. 32 obliga a todas las personas físicas que reciban recursos públicos a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses. También a las personas que trabajen para empresas que contraten con el gobierno. Con esta disposición las 6.1 millones de titulares beneficiarias del Programa Prospera, incorporadas a este programa por su condición de pobreza con el fin de mejorar su alimentación, salud y la educación de sus hijos, estarían obligadas a presentar ambas declaraciones ante el Órgano Interno de Control de la Coordinación del Programa.  Cabe resaltar que además de vivir en condición de pobreza, casi 5 millones de estas mujeres viven en localidades rurales, muchas de ellas aisladas y con pocas vías de comunicación, además de encontrarse en rezago educativo. También los 5.5 millones de adultos mayores de 65 años que reciben la pensión de SEDESOL y los más de 700 mil titulares beneficiarias del Programa de Apoyo Alimentario (PAL), que reciben transferencias monetarias bimestrales, asociadas a su condición de pobreza, quedan obligadas a presentar ambas declaraciones con la nueva Ley ya aprobada en la Cámara de Diputados. Lo mismo sucede con los beneficiarios de otros muchos programas en las Secretarías de Agricultura, Economía, Hacienda, las becas de la SEP y CONACYT. El texto añadido de última hora en el Senado, que tiene muchos visos de “revancha”, afecta a la sociedad en su conjunto. Todos los trabajadores de las empresas que contraten con dependencias del gobierno tendrían que presentar sus declaraciones. Esto afecta por ejemplo a todas las personas que trabajen en periódicos, estaciones de radio y TV que reciban publicidad oficial, quienes deberán presentar declaraciones ante cada uno de los OIC de las dependencias que contraten esta publicidad, lo mismo los trabajadores de hoteles y restaurantes donde coman o se hospeden servidores públicos, y así todos los trabajadores de las empresas que vendan lápices, computadoras, cemento, servicios de limpieza o cualquier otro producto o servicio a dependencias y entidades de gobierno. Esto por supuesto será inoperante, pero sobretodo es una medida sin sustento que enturbia y polariza lo que representa un gran avance que puede transformar a nuestro país.  Además esta disposición puede afectar gravemente la operación de la política social en su conjunto y dañar a quienes viven en condición de pobreza y rezago social. La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza se suma a las voces que consideran que ha habido grandes avances incluidos en el conjunto de disposiciones consideradas en las 7 Leyes que constituyen el Sistema Nacional Anticorrupción, y que únicamente se deben corregir la absurda inclusión en el art 32 de las declaraciones de quienes no son servidores públicos y la inoperante y vaga mención a la “vida privada” incluida en la obligación de hacer pública la información de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, en el art 29, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya aprobada por ambas Cámaras.   Boletin de prensa no. 10 Art 32 LGRA           Contacto para medios: Diana Turner: 55 85 80 65 25 / Rosa Elena Luna: 55 22 71 56 86 / La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una iniciativa de la sociedad civil organizada integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Más información en www.frentealapobreza.mx