Urge modificar realidad de pobreza, no indicadores

Urge modificar realidad de pobreza, no indicadores

Hasta el año 2000, en México la pobreza no se medía. No se sabía a ciencia cierta cuántos pobres había en el país. No contábamos con información para saber en dónde estaban, qué edad tenían, de qué género eran y, sobre todo, qué necesitaban: ¿escuelas?, ¿centros de salud?, ¿agua potable?, ¿electricidad?, ¿empleo?, ¿vivienda?

En 2001 la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) creó un Comité Técnico para la Medición de la Pobreza[1]. Este Comité, conformado por investigadores y académicos del más alto reconocimiento así como por representantes de la Presidencia de la República, el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de SEDESOL (los cuales tuvieron derecho a voz, pero no a voto en la toma de decisiones) tuvo la responsabilidad de desarrollar la metodología para la primera medición oficial de la pobreza en el país. La primera medición oficial de la pobreza en México siguió las metodologías internacionales, como la del Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, que tomaban como base la variable de ingreso.

En 2003, con la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), se creó una institución responsable de la medición de la pobreza y de la evaluación de la política y los programas de desarrollo social: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

El CONEVAL inició sus labores en 2006 dando continuidad a la metodología aprobada por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, pero se dio a la tarea de construir una nueva metodología para realizar una medición multidimensional como lo establecía la Ley[2]. De esta manera, el CONEVAL y la nueva medición multidimensional de la pobreza se convirtieron en referentes y buenas prácticas reconocidas a nivel internacional.

CONEVAL presenta la medición de la pobreza cada dos años para datos nacionales y para las 32 entidades federativas, y cada cinco años para datos desagregados a nivel municipal. Hasta la fecha se han presentado cuatro mediciones nacionales y para entidades federativas correspondientes a datos para 2008, 2010, 2012 y 2014, y una para municipios correspondiente a 2010.

La fuente de información para la medición multidimensional a partir de 2008 fue el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS). El MCS había sido aplicado por el INEGI como módulo complementario de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Gracias a la continuidad de información de la serie de la ENIGH fue posible producir información comparable en una serie del tiempo que cubre desde 1992.

Quizá lo más importante de todo este proceso es que se reconoció que la medición de la pobreza es estratégica para el desarrollo y que no debe importar quién gobierne al país, lo trascendente es tener información sólida, confiable e imparcial que sea la base para la toma de decisiones.

Sin embargo, en 2015 los datos presentados por el INEGI al dar a conocer el MCS revivieron un debate ya superado sobre la metodología para la medición de la pobreza. El INEGI informó el 15 de julio de 2015 que decidió, de manera unilateral y sin informar previamente a nadie, “mejorar” la forma en que se captaban los ingresos de los más pobres. En un boletín de prensa el INEGI reconoció que esta “mejora” hacía imposible comparar los datos de 2015 con los datos previos de 2008, 2010, 2012 y 2014.

Inmediatamente después, el entonces Secretario de SEDESOL, José Antonio Meade, dijo que esta situación se podía corregir, recalculando los datos con arreglos estadísticos. Sin embargo, los resultados recalculados dependen totalmente de los supuestos y variables que se usen, lo cual afecta gravemente tres principios esenciales que hasta entonces había tenido la medición de la pobreza: su transparencia, su certeza y su credibilidad.

Lo que parecía, más bien, era que se buscaba producir una cifra a modo. Porque con el MCS 2015, estadísticamente, se sacó de la pobreza a casi 11 millones de personas en tan sólo un año, lo que evidentemente no sucedió. Esta “mejora”, sin embargo, no modificó en nada la realidad. El cambio que se observó en las cifras fue resultado de un ejercicio estadístico y no de una mejora real en la vida de las personas.

Sin embargo, a partir de este episodio, ha crecido la obsesión de autoridades de los tres niveles de gobierno por obtener “logros” basados sólo en la modificación de algunos indicadores aislados usados en la medición multidimensional de la pobreza. Pareciera que el objetivo es modificar las cifras de la pobreza, sin importar mucho la transformación real de las condiciones de vida de las personas que día a día sobreviven en esa situación.

Esta intención explicaría, por ejemplo, por qué se difunde a las beneficiarias de los programas alimentarios (Comedores Comunitarios, Liconsa, Diconsa y Prospera) que ahora ya comen “sano, variado y suficiente” para influir en sus respuestas relacionadas con la carencia por acceso a la alimentación.

También explicaría la necesidad de entregar miles de certificados de primaria a adultos mayores para reducir la carencia por rezago educativo. Así como la urgencia por “certificar” como educación preescolar la asistencia a guarderías y estancias infantiles de SEDESOL.

Algo similar se ha hecho con la campaña para “recordar” a jóvenes de educación media superior y superior, que desde hace años tienen derecho a servicios de salud en el IMSS, por el sólo hecho de ser estudiantes de escuelas públicas.

Si bien todas estas acciones pueden ser positivas, son en su mayoría de muy bajo impacto en el ejercicio de derechos o en la modificación a fondo de las condiciones de vida de las personas. Son medidas útiles para mover las cifras en la medición, sin garantizar derechos de manera efectiva:

La estancia infantil es la misma, aunque hoy se le llame educación preescolar.
La afiliación al Seguro Popular no garantiza el acceso efectivo ni una atención con calidad.
Contar con un programa social de apoyo a adultos mayores no equivale a tener acceso a la seguridad social.

Parecería que la estrategia gubernamental no es reconocer y hacer frente a la pobreza y la desigualdad, sino más bien tratar de cambiar las cifras de su medición.

Tras el affair INEGI-CONEVAL de 2015 se conformó un Grupo Técnico[3] cuya misión consistiría en revisar los resultados del MCS 2015 y emitir una serie de observaciones y recomendaciones. En los próximos días se espera un reporte de este Grupo Técnico en el que informen: 1) lo que ocurrió con el MCS 2015, 2) lo que ocurrió en el levantamiento de la ENIGH 2016, y 3) las implicaciones para los resultados de la ENIGH 2016, ya que sería muy grave que también ese ejercicio quedara afectado y que los datos de esta nueva encuesta tampoco fueran comparables.

El andamiaje normativo e institucional que representan la Ley General de Desarrollo Social, el INEGI, CONEVAL y la medición multidimensional de la pobreza representa el esfuerzo más serio emprendido hasta ahora en el país para generar información sistemática, razonablemente confiable y relevante sobre el fenómeno de la pobreza así como de la evaluación de la política y los programas de desarrollo social en el país. De ahí la importancia de lo que sucederá en los próximos días:

La publicación por parte del INEGI de la ENIGH 2016 el 28 de agosto.
La publicación de CONEVAL de las nuevas cifras de pobreza.
El quinto informe de gobierno del presidente Peña Nieto el 1 de septiembre.

Convertir estos valiosos instrumentos de información clave para el país en una simulación sería una señal sobre la dirección en la que se está moviendo a México.

Como lo dijo hace unos días el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, los niveles actuales de pobreza y desigualdad transgreden toda lógica de derechos, independientemente de la metodología con la que se les quiera medir.

Por ello, desde Acción Ciudadana proponemos avanzar en la construcción de una estrategia de Estado frente a la pobreza y la desigualdad:

La pobreza sigue siendo demasiada para un país con nuestro nivel de desarrollo económico. México se encuentra en el top 15 de las economías a nivel mundial. Sin embargo, más de la mitad de su población sobrevive día a día en el abismo de la pobreza.
Los niveles de desigualdad son inaceptables. Incluso podemos decir con estudios serios y mejorados que la desigualdad de ingreso es mucho mayor a la reportada. Resulta inexplicable que no haya mejoras también para captar los altos ingresos. Necesitamos una política efectiva para cerrar brechas de desigualdad en el ingreso y en el ejercicio de los derechos. Esta debe ser la base de una nueva política de inclusión y cohesión social.
Cualquier supuesta “mejora” no se habría logrado por acciones de gobierno. Es sólo un cambio en la forma de medir. Nadie puede “colgarse esta medalla (estadística).

Con base en la información pública disponible y comparable sabemos que hoy, como hace 25 años, 53 % de las personas que viven en el país lo hacen en condiciones de pobreza. Con la diferencia de que hoy son 11 millones de personas más que hace 25 años. 64 millones de personas en total que carecen del ingreso suficiente para comprar al menos una canasta básica.

Urge construir una verdadera estrategia de Estado para cambiar la realidad de la pobreza y la desigualdad, y no sólo mover los indicadores para medirlas. Si como país nos proponemos avanzar con seriedad, podemos hacer que la pobreza pase a la historia y que las discusiones futuras se centren mucho más en evaluar in indicadores de bienestar y de avance en el ejercicio de los derechos.