Romper la inercia en política social

Romper la inercia en política social

La desarticulación de los múltiples programas sociales que conviven en el país, su alcance insuficiente para garantizar derechos, la ausencia de estrategias efectivas de coordinación entre órdenes de gobierno e instituciones, así como la falta de una agenda de combate efectivo a la desigualdad son algunas características de la política social del gobierno actual que la hacen poco efectiva para mejorar las condiciones de vida de los 53. 4 millones de personas en pobreza que hay en México.

Estas  son las conclusiones del estudio “Hacía una política social integral”, en una reciente publicación del CIDE que resume los resultados del proyecto de investigación del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas que se ejecuta con el apoyo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y de otras instituciones.

Estas conclusiones y el conjunto del estudio confirman, resumen y amplían hallazgos que desde hace muchos años han presentado diversas organizaciones civiles, estudios académicos e informes de CONEVAL.

En especial, GESOC a través del Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales (INDEP) ha documentado desde hace 10 años la persistencia de programas opacos, con resultados deficientes y con bajísima cobertura.  Señalando las graves deficiencias del proceso de programación y presupuesto que afectan gravemente la política social del país y generando deficiencias estructurales para lograr resultados signficativos para reducir la pobreza o para garantizar el ejercicio de derechos sociales.

El más reciente análisis del INDEP 2017, elaborado por GESOC, muestra cómo durante este gobierno se ha incrementado el número y sobretodo el monto destinado a los programas más deficientes. De 2013 a 2017 incluso superaron en recursos lo destinado a los programas con menores deficiencias. En ese periodo, se triplicaron los recursos destinados a los programas con el peor desempeño, para llegar a más de medio billón de pesos en recursos: 528 mil millones de pesos (Ver figura 1)

Figura 1. Presupuesto aprobado para programas federales por nivel de desempeño, 2013 – 2017. GESOC – INDEP

Por su parte, el estudio “Hacia una Política Social integral” reafirma que la política social del gobierno mexicano tiene los siguientes puntos de partida: estancados en el combate a la pobreza; enfocada a carencias, pero no a derechos; estrategias ambiciosas en el papel sin resultados; programas que tapan baches, pero no modifican condiciones de vida; intentos fallidos de coordinación, e inercias administrativas que contrarrestan decisiones políticas.

Estas características tienen como consecuencia: ineficacia en la acción gubernamental, clientelismo en la operación de los programas sociales, y ausencia de una política social con enfoque de derechos.

Figura 2. Características de la política social

El documento identifica y describe una ruta crítica que permita transitar hacia una política social integral que no se dedique a “pegarle al indicador”, a atender rezagos específicos o a dar asistencia temporal, sino que garantice derechos, revierta determinantes de la desigualdad y resuelva problemas públicos.

El estudio Hacía una política social integral no ofrece el diseño de la política social, pues esa debe responder a las prioridades políticas de cada gobierno y a condiciones cambiantes en el entorno. Lo que busca es definir los atributos que esa política debería tener, las preguntas que debería responder y los instrumentos de los que no puede prescindir si es que quiere ser integral.

Los destinatarios de este documento son el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales que diseñan e implementan instrumentos de la política social, los legisladores que aprueban presupuestos y exigen cuentas por los resultados y las organizaciones sociales que monitorean y buscan incidir en una mejor política social.

El estudio se suma a la evidencia ya irrefutable, comprehensiva y multidisciplinaria generada desde la sociedad civil, la academia y el CONEVAL, que demustra la urgencia un cambio de modelo que incluya romper la inercia programática y presupuestal que padecemos.

En especial, reafirma la urgencia de detener la espiral de fragmentación de mini programas clientelares, como lo mostró el reciente informe del proyecto #DemocraciaSinPobreza, realizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, con la colaboración de múltiples organizaciones civiles, medios de comunicación, centros académicos y la ciudadanía.

El documento del LNPP, elaborado por Guillermo Cejudo y Cynthia Michel, se presentó en días pasados (10/10/18) ante un panel formado por representantes de la nueva Secretaría del Bienestar del próximo gobierno federal, de la Secretaria de Desarrollo Social del próximo Gobierno de la Ciudad de México, y de la secretaría del mismo ramo del gobierno de Quintana Roo, quien además funge como coordinadora de la Comisión de Desarrollo Social y Pueblos Indígenas de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). En la presentación también participaron representantes de Oxfam México, del Coneval y de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

El texto integro del estudio puede consultarse en los sitios web del CIDE y de ACFP.