Política social desarticulada, ineficaz e ineficiente

Política social desarticulada, ineficaz e ineficiente

Una de las ausencias más graves en México, y que ayudan a entender buena parte del desastre en el que se encuentra el país es la de una verdadera política social de Estado. Es decir, una política que sea coherente, integral, articulada y que coordine las acciones y el dinero que como país destinamos al desarrollo social.

Por el contrario, lo que tenemos son miles de programas y miles de millones de pesos que se traducen en la pulverización de esfuerzos y en la dispersión de recursos para mantener una política social fragmentada, desarticulada y sin resultados.

Si revisamos la evolución histórica de los programas sociales del gobierno federal observaremos un crecimiento exponencial en su número y en el monto de recursos que se les destinan. En poco más de diez años, de 2004 a 2016, el número de programas sociales del gobierno federal creció 194 % y su presupuesto aumentó 1,212 %.

En cuanto al desempeño de los programas sociales del gobierno federal, su resultado es francamente mediocre. Una evaluación realizada por GESOC, Gestión Social y Cooperación, organización de la sociedad civil que pertenece a Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, señala que en una escala de 0 a 10 la calificación promedio general obtenida por estos programas fue de 6.3; y del total de programas evaluados, 52 de ellos, es decir el 47.3 %, resultaron reprobados.

Llama poderosamente la atención que 81.6 % de los programas sociales del gobierno federal, que representan el 60.4 % del total del presupuesto asignado en 2017 a este tipo de programas, están bajo una de dos condiciones: a) tienen graves problemas de opacidad por lo que es imposible evaluar su desempeño; b) no tienen ninguna posibilidad de resolver el problema público que les da origen debido a la dispersión programática y presupuestal que presentan o a sus problemas de opacidad.

El escenario se agrava aún más cuando volteamos a ver lo que sucede con los gobiernos de los estados. En otra evaluación desarrollada por GESOC, el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES) que mide la capacidad institucional de cada una de las 32 entidades federativas para la implementación de una política de desarrollo social efectiva, abierta y participativa, en una escala de 0 a 10 la calificación promedio general fue de 5; y 27 de los 32 estados obtuvieron una calificación reprobatoria.

Así, por ejemplo, en el primer decil (aquellos hogares que reciben un menor ingreso) las transferencias de programas gubernamentales están dejando fuera a 4 de cada 10 hogares. En el segundo decil las transferencias gubernamentales no llegan ni siquiera a cubrir a la mitad de los hogares. Y el monto que reciben los hogares se va incrementando conforme se avanza en los deciles, lo que denota el carácter regresivo de las intervenciones de los programas sociales, es decir que con cada peso que gasta el gobierno genera más desigualdad.

La historia de la política social en México es la historia de un fracaso. Hoy, los niveles de pobreza son los mismos que hace 25 años: más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza hoy como en 1992. Con la diferencia de que hoy son casi 10 millones más que hace 25 años: 63 millones de personas sobreviven día a día en el abismo de la pobreza.

Mientras en el mundo se ve a la política social como una herramienta clave para mejorar la vida de las personas y para garantizar sus derechos, en México la política social se ha caracterizado por su opacidad y por ser utilizada discrecionalmente con una lógica electoral.

En un estudio que estamos realizando con el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, y que pronto presentaremos públicamente, encontramos que en México la política social:

Está desarticulada, es ineficaz e ineficiente.
Tiene una baja institucionalización por lo que el acceso a los programas depende de criterios políticos y opera con una lógica de dádivas, no de derechos.
Ofrece múltiples oportunidades para el clientelismo, lo que incentiva una competencia por clientelas, discrecionalidad en la asignación de beneficios, incentivos a una mayor fragmentación, e intervenciones con efectos de corto plazo pero sin ningún impacto.

Ante esta realidad, la política social que ha impulsado el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha basado en una estrategia perversa: en lugar de cambiar la realidad, ha preferido cambiar las cifras. En lugar de respuestas de fondo, ha optado por soluciones cosméticas que lo único que pretenden es maquillar la realidad.

 

Lo peor de todo es que tras cinco años en funciones, el gobierno federal no sabe en dónde están los pobres. Tal como se reconoce en el documento rector de la Estrategia Nacional de Inclusión, el gobierno federal ignora en dónde se encuentra el 66.4 % de personas que viven en pobreza. Tampoco sabe dónde está el 73.6 % de las personas que padecen carencia por acceso a la seguridad social, el 74.8 % con carencia por acceso a los servicios de salud, el 66.3 % con carencia por acceso a la alimentación ni el 75.3 % con rezago educativo.

Es decir, aunque el gobierno contara con los recursos suficientes para resolver todas las carencias que enfrentan los mexicanos, no sabría en dónde están. De esa magnitud es el absurdo. No sólo es una política social de ocurrencias, sino que el gobierno, los gobiernos, están dando palos de ciego.

Por ello resulta impostergable repensar el modelo de política social y construir un nuevo andamiaje institucional empezando por un Registro Nacional Ciudadano como pilar de la política y el gasto social. Este Registro sería la puerta de acceso, obligatoria para los tres órdenes de gobierno y la única vía para asignar transferencias de recursos públicos (transferencias, subsidios en efectivo o en especie) a personas u hogares.

La creación del Registro Nacional Ciudadano representa una pieza clave para:

Corregir la exclusión. Hay sectores importantes de la población con grandes carencias que no reciben transferencias o apoyos gubernamentales.
Corregir la duplicidad. Hay hogares que reciben subsidios duplicados con el mismo propósito, especialmente en Salud.
Superar la dispersión programática. La proliferación de miles de “mini-programas” de los 3 ordenes de gobierno impide obtener resultados. Consume recursos que deben integrarse con un enfoque de derechos priorizando a quienes más lo necesitan.
Evitar la discrecionalidad y el clientelismo político.
Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas basadas en los resultados y no en las acciones, como tradicionalmente lo hace el gobierno.

El Registro Nacional Ciudadano no es un base de datos de las personas que reciben ya apoyos o transferencias de programas; ni tampoco un repositorio de los padrones generados por cada programa.

Para que funcione, el Registro debe ser puerta de acceso a los programas sociales, no un producto final. En este caso, el orden de los factores sí altera el resultado.