Nuevo gobierno, viejos desafíos

Nuevo gobierno, viejos desafíos

La próxima renovación de poderes plantea viejos desafíos, entre los que destaca la inaplazable superación de la pobreza. Después de 25 años la pobreza ha regresado al mismo nivel de 1992. No hemos sido capaces de desarrollar una estrategia de Estado que mejore el bienestar de la mayoría.

En la administración que está por concluir, los esfuerzos estuvieron encaminados a reducir la pobreza en las cifras oficiales. José Antonio Meade orquestó desde la Secretaría de Desarrollo Social una estrategia para incidir en las respuestas que los destinatarios de los programas sociales dan a las encuestas que el INEGI levanta como insumo para la medición de la pobreza.

Una intensa campaña de propaganda gubernamental incitaba a los pobres del país a responder: como “sano, suficiente, y variado” para encubrir la carencia en materia alimentaria.
Millones de ejemplares de la Cartilla Social, donde se contabilizaron los recursos recibidos por cada familia, fueron distribuidas entre los derechohabientes de programas como Prospera antes de que por sus hogares pasaran los encuestadores del INEGI.

La intención era aumentar en las respuestas el monto del ingreso familiar y reducir en las estadísticas las cifras de la pobreza por ingreso. Aún así el resultado fue negativo, las reducciones fueron nimias y 62 millones de mexicanos carecen de ingresos suficientes para adquirir una canasta básica.

El operativo fue analizado y documentado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, a través del Observatorio Ciudadano de Puntos Centinela, como se muestra aquí y aquí.

La curva de la evolución de la pobreza en México se parece a una montaña rusa, sube, baja y vuelve a subir. Cada gobierno puede ver sus resultados en ese espejo. Casi el mismo porcentaje que en 1992 y casi 16 millones de personas más sin ingreso suficiente.

No pasa lo mismo con la riqueza que tan solo de 2004 a 2014 duplicó sus ganancias.

Frente a los resultados magros, el conflicto fue mayor. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) decidió no medir la pobreza del año 2015 porque las cifras generadas por el INEGI no son comparables, un requisito indispensable en la medición de la pobreza en particular y en la estadística en general. Y en 2016 se tuvo que usar un modelo estadístico y ya no la fuente directa de las Encuestas de Hogares.

Nuevo gobierno y sus desafíos

Si el nuevo gobierno asume que “para el bien de todos, primero los pobres” requiere acciones serias. No serán suficientes los cambios de nombre ni los actos simbólicos. Y, por cierto, también necesitará mantener la credibilidad y la autonomía del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Lo primero es concebir y poner en marcha una estrategia de estado articulada entre la política social y la política económica para asegurar que los rendimientos del crecimiento se distribuyan.

Para enfrentar la pobreza hay que comprender las dos variables mayores en la medición oficial: los bajos ingresos y la falta de seguridad social. Los datos muestran que la mitad de la población carece de ingreso suficiente para adquirir lo más básico para sobrevivir. Y casi 6 de cada 10 personas carecen de afiliación a la seguridad social.

Estas dos variables reflejan la problemática de fondo. Muestran dos realidades distintas: la pobreza laboral y la pobreza crónica.

La pobreza crónica tiene arraigo territorial de tiempos de la colonia. Son hogares con ingreso muy bajo e inestable que también padecen carencias graves como desnutrición infantil y abandono escolar. Esta combinación propicia la reproducción de la pobreza y su herencia. Por ahora nos ocuparemos solo de la pobreza laboral.

Los datos de CONEVAL muestran que, durante este sexenio (de inicios de 2013 a inicio de 2018), alrededor del 40% de la población ocupada tuvo un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria. Cuatro de cada 10 trabajan para ganar apenas el ingreso de la pobreza extrema. Lo cual es absurdo e inaceptable, es trabajar para seguir siendo pobre . . . extremo.

Se dice que la causa es la informalidad. Esto es cierto sólo en parte. En la población económicamente activa (PEA) se incluye a 11.7 millones que trabajan por su cuenta. Son poco más de la cuarta parte de la PEA (27%). Más de la mitad ganan menos de 5,300 al mes (56%). Y ciertamente 99% carecen de afiliación a la seguridad social. Por ser “independientes” sus ingresos y su informalidad laboral no dependen de un patrón.

Pero la situación de 36.4 millones de trabajadores asalariados, que sí dependen de un patrón, no es mucho mejor. El 46% ganan menos de $5,300 al mes (hasta dos salarios mínimos). Y el 45% carece de afiliación a la seguridad social. Esto viola la legalidad vigente.

La pobreza laboral –al menos en parte- es generada por políticas públicas y no sólo por “el mercado”. Al menos dos políticas generan pobreza laboral: 1) La contención salarial al fijar el salario mínimo por debajo del costo de la canasta básica en flagrante violación a la Constitución y 2) la permisividad de la contratación de trabajadores “informales”, sin seguridad social, en empresas formales, incluso más de 1 millón en el gobierno.

La contención salarial ha provocado que los nuevos empleos sean de menor remuneración y que se pierdan 2.1 millones de empleos con salario superior a tres salarios mínimos ($8,000 pesos de 2018), en sólo 5 años: de 2013 a 2018.

Una conclusión dura del análisis es que en México hay leyes e instituciones que favorecen la pobreza. El ejemplo más a la vista es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos donde el minisalario se fija cada año sólo considerando la cifra anualizada de la inflación que fija Banco de México, burdo pero real. Urge recuperar el valor del salario mínimo y romper la política de contención salarial.

Más a fondo, también se requiere una reforma social de gran calado para construir un sistema nacional de seguridad social, universal, que no dependa del régimen laboral.

Mientras tanto quede claro que sin un cambio sustancial en la política laboral no habrá mejora sostenible en pobreza laboral. No bastarán las transferencias o subsidios.

La estrategia de política social para ser efectiva debe ir de la mano de la política económica.

Los cambios al salario mínimo deben hacerse con inteligencia y prudencia, para no generar efectos indeseados en desempleo o inflación. Pero es decisión indispensable.

La pobreza laboral puede y debe ser erradicada en 6 años. Quien trabaje no debe ser pobre.

 

@FrenteaPobreza