La pobreza, el objeto de deseo de la política

La pobreza, el objeto de deseo de la política

El gobierno del presidente Peña Nieto en los 90 días que le restan podría emparejar el salario mínimo al costo de la canasta básica para reducir la pobreza laboral y depurar los padrones de los programas sociales como un primer paso para que haya transparencia y rendición de cuentas en la política social.

Estas son dos acciones de varias que el viejo régimen podría ejercer si en realidad tuviera intenciones de cumplir con el compromiso histórico de atender las urgencias de los 62 millones de mexicanos que no tienen un ingreso suficiente para adquirir una canasta básica que satisfaga las necesidades de alimentación, vestido, educación y entretenimiento de una familia.

Aumentar el salario mínimo para igualarlo al costo de la canasta básica, además de ser una acción de elemental justicia con los trabajadores más necesitados del país, le despejaría el camino a la nueva administración para emprender la ruta de la recuperación gradual del salario, que ha perdido poder adquisitivo desde 1977 contribuyendo a incrementar la pobreza de los mexicanos y anclando el crecimiento del mercado interno.

De la mano de varias organizaciones sociales y académicas, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha planteado la urgencia de aumentar el salario mínimo como primer paso de una acción gradual de recuperación del poder adquisitivo de los salarios que contribuya a terminar con la pobreza laboral y elimine la paradoja: en México el que trabaja es pobre y superar la violación flagrante de la Constitución.

La urgencia de llevar transparencia y rendición de cuentas a los programas sociales es el segundo reclamo que le hacemos a la administración federal a cuya gestión le quedan días que podría aprovechar para acometer acciones en favor de los pobres.

La demanda de depuración de padrones inflados y con beneficiarios “fantasma” se deriva del ejercicio ciudadano “Democracia Sin Pobreza” realizado durante el proceso electoral de este año para documentar y denunciar la presencia insultante de la compra y coacción del voto como una práctica que los partidos políticos mexicanos siguen ejerciendo en todo el país.

La compra y coacción del voto es una práctica que se deriva de la debilidad institucional que caracteriza a la administración pública en México desde el diseño discrecional del presupuesto de egresos, de la falta de transparencia y rendición de cuentas de la política social y de la falta de dientes de las instituciones encargadas de fiscalizar los procesos electorales.

Ya basta de acciones clientelares, aisladas, duplicadas y sin objetivos claros. La pobreza debe dejar de ser el objeto del deseo de la política.

La pobreza es la manzana podrida del sistema mexicano, divide cruelmente a la sociedad con más de un cincuenta por ciento de mexicanos pobres y sin derechos. Ni siquiera el elemental derecho de la democracia: el voto libre. Hasta un tercio de la ciudadanía estuvo sujeta a presiones, promesas y ofertas para coaccionar o comprar su voto.

La superación de la pobreza, su erradicación en su vertiente más extrema y crónica, es una cuestión ética ineludible, si de veras creemos que van primero los pobres; económicamente es inaplazable, si queremos fortalecer el mercado interno, y es importante e imprescindible, para lograr cohesión social y erradicar la violencia.

El informe final con los resultados del ejercicio ciudadano puede consultarse aquí.

Imponer transparencia y rendición de cuentas a los programas sociales es un primer paso, pero allana un camino que la siguiente administración puede seguir si, como lo anunciado, tiene la intención de acabar con la corrupción y convertir el fraude electoral en delito grave.

La manipulación del voto de los pobres no es un problema del sistema electoral, es un problema económico y social. Demanda reformas profundas en el modelo de desarrollo económico y social.

El plan frente a la pobreza debe estar basado en dos grandes principios:

Nuevo modelo económico articulado a la política social
Enfoque de derechos conforme al art. 1º de la Constitución

En ambos planteamientos encontramos una feliz coincidencia con los responsables de instituciones autónomas que pueden contribuir al propósito de construir un país con democracia sin pobreza.

Nos referimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al Instituto Nacional Electoral (INE), al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al Instituto Nacional de la Transparencia (INAI) y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Mariclaire Acosta del SNA, con Lorenzo Córdoba del INE, Joel Salas del INAI, y Agustín Escobar Latapí del Coneval, participaron en la presentación del Informe Nacional de “Democracia Sin Pobreza”, presentado en la Sala Digna Ocho de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el pasado 27 de agosto.

Aquí dejamos a los lectores, fragmentos de las intervenciones de quienes participaron en ese encuentro.

Informe Nacional Democracia Sin Pobreza:

Participación Mariclaire Acosta 

Participacín Lorenzo Córdova

Participación: Joel Salas

Participación: Agustín Escobar

Participación: Alberto Serdán

Participación: Rogelio Gómez Hermosillo