El eslabón indispensable del SNA: la contraloría social

El eslabón indispensable del SNA: la contraloría social

21-01-16

La Contraloría Social se ha convertido más en una figura decorativa que en un mecanismo de participación eficaz. Ha carecido de autonomía y sobretodo de medios de incidir en la corrección de las posibles situaciones detectadas. Dedicado con afecto y como desarrollo de una idea original de Eduardo Bohórquez   Este año se debe crear el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como resultado de la reforma constitucional aprobada el año pasado, gracias a la presión de actores de la sociedad civil como la Red por la Rendición de Cuentas, entre muchos otros. El SNA debe constituir un parte aguas en la gestión de los recursos y la autoridad pública. Para ello requiere la participación de la ciudadanía a fin de trascender los modelos burocráticos y el enfoque puramente punitivo. Participacion ciudadana

La mejora de la función pública requiere gobernanza democrática. Esto quiere decir que mejorar la efectividad, transparencia, rendición de cuentas y control normativo del ejercicio gubernamental requiere contar con mecanismos efectivos de participación ciudadana. Estos mecanismos deben estar insertos de manera adecuada y sustantiva en la gestión pública. Desde el diseño constitucional, el SNA ya contempla una instancia superior de participación ciudadana. Esta instancia superior requiere “cerrar la pinza desde abajo” con una conexión sólida y eficaz con la ciudadanía “de a pie”. La conexión “hacia abajo” del SNA permitiría relanzar y potenciar la contraloría social, que hasta ahora ha sido figura decorativa y apéndice de una administración pública muy cerrada y con bajísimo nivel de rendición de cuentas.

Aún está pendiente de definir en la Ley reglamentaria, el procedimiento para nombrar a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA y el lugar o función que ocupará el “representante” del CPC en el Comité Coordinador. Sería deseable legislar un procedimiento que evite o minimice las cuotas partidistas y los sesgos que han afectado este tipo de nombramientos. Y lograr un rol relevante y preponderante para el CPC y su representante en el Comité Coordinador. Y también es importante que la Ley reglamentaria contemple la relación del SNA con la contraloría social y contribuya a su fortalecimiento y empoderamiento. El vínculo obvio sería a través del Comité de Participación Ciudadana (CPC). Esta instancia superior que será integrada por personas expertas y comprometidas, requiere además de talento y conocimiento, ser informada y retroalimentada “desde la base”. Es decir, debe quedar bien conectada con la ciudadanía en su conjunto. Establecer medios de interacción, para lograr la retroalimentación desde los usuarios y beneficiarios de los servicios y programas públicos constituye para el CPC una fuente de información indispensable y de alto valor para conocer la efectividad de las medidas y políticas preventivas, para detectar casos de desviación de recursos o para reportar violaciones a la normatividad en la obra pública y la prestación de servicios. Por su parte, el CPC, como instancia ciudadana, permite dar voz a la ciudadanía “de a pie” y generar una dinámica positiva de empoderamiento y corresponsabilidad que contribuiría a darle autonomía respecto a los operadores de los programas y los prestadores de los servicios públicos. La “ciudadanización” de la contraloría social es posible si se conecta a una instancia ciudadana y ya nomás a la SFP o las propias dependencias de gobierno. Hasta ahora la contraloría social ha sido un mecanismo marginal y controlado desde la burocracia. El fundamento legal de la Contraloría Social quedó establecido en la Ley General de Desarrollo Social. En los mejores casos, se le proveen reconocimiento formal, materiales de orientación y un canal de reporte y retroalimentación hacia alguna instancia intermedia, aunque con poca o nula trascendencia en la toma de decisiones. En la mayoría de los casos, la creación de la “instancia de contraloría social” es un trámite formal, uno más de los incontables requisitos a llenar que la burocracia debe cumplir en la ejecución de los recursos. Esta importante instancia se ha convertido más en una figura decorativa que en un mecanismo de participación eficaz. Ha carecido de autonomía y sobretodo de medios de incidir en la corrección de las posibles situaciones detectadas. Su funcionalidad y normatividad quedó atrapada por la Secretaría de la Función Pública, cuyo enfoque burocrático y su propia limitación institucional y presupuestal han impedido su desarrollo. El caso del Aval Ciudadano en salud es una buena muestra de buenas intenciones y malos resultados. La Secretaría de Salud ha dotado al Aval Ciudadano de reconocimiento formal, materiales de orientación, medios de reporte y retroalimentación, pero sin embargo, carece de efectividad por su ubicación institucional y la imposibilidad de incidir en las decisiones y procesos que mejoren y resuelvan las situaciones detectadas. Con este tipo de diseño, la contraloría social tiene limitaciones “estructurales” que limitan su desarrollo y hacen inocua e irrelevante su función. Es una instancia formalmente ciudadana que requiere ser “ciudadanizada”. Esto se puede lograr si por Ley se le conecta con el CPC. También hay contadas excepciones de buenas prácticas que pueden generar lecciones importantes y servir de ejemplo. Todas ellas cuentan con la participación de instancias externas, de sociedad civil, que contribuyen a su funcionamiento. Una experiencia a considerar ha sido desarrollada por Transparencia Mexicana con el IMSS para supervisar el funcionamiento de las estancias infantiles, a partir de la tragedia del 5 de junio en Hermosillo, Son. Otras experiencias relevantes han sido impulsadas por el Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática, sobretodo en relación con los municipios y el uso del Ramo 33. De todas ellas se debe aprender y de la experiencia burocrática también, pero para evitarla. La contraloría social es una forma de participación ciudadana. Al establecer sus atribuciones y funcionamiento se requiere evitar la uniformidad, la dependencia y la simulación. Hay al menos tres retos a enfrentar en su diseño y ejecución en relación con tres desviaciones que se deben evitar para mantener su carácter ciudadano:

  • La contraloría social debe ser flexible y adecuada a su función y campo de acción. La homogeneidad y la pretensión uniformadora –propia del enfoque burocrático- son veneno para su efectividad. No debe haber formas organizativas únicas, figuras uniformes de participación, formas rígidas de organización.
  • La contraloría social requiere recursos e inversión, pero por supuesto no puede convertirse en una instancia burocrática o subvencionada per se. El uso de las tecnologías y otras formas creativas de información y comunicación pueden facilitar mucho su funcionamiento. De todos modos, habrá que destinar presupuesto a su fomento y fortalecimiento, especialmente para su creación y capacitación. La participación de organizaciones civiles expertas en la materia será indispensable, si se encuentran formas creativas de priorizar, multiplicar y difundir para lograr la cobertura necesaria.
  • La contraloría social debe ser una pieza más en un sistema enfocado a la mejora de la gestión pública y no única ni principalmente a la detección de la corrupción. Esto implica que su función central está mas relacionada con la adecuada prestación de los servicios y la aplicación eficaz de los programas que con la detección de fraudes y desviaciones de recursos, los cuales sólo cuando son evidentes y notorios pueden ser detectados por la ciudadanía.

La contraloría social es una herramienta indispensable frente a la pobreza y la desigualdad, por ejemplo para el buen funcionamiento de los programas sociales y el acceso efectivo a la salud. Por eso participemos y exijamos que las Leyes reglamentarias del SNA a ser aprobadas este año cumplan con lo previsto en la Constitución y tenga un diseño institucional que pueda ser efectivo. Uno de los componentes de su efectividad será su vínculo con la ciudadanía y en ese vínculo, la contraloría social es pieza central.   @FrenteaPobreza