Debilidad institucional, riesgo en las elecciones

Debilidad institucional, riesgo en las elecciones

A unos días de que se inicien las campañas electorales, el reparto de dádivas entre la ciudadanía se intensifica y coloca nubarrones sobre el avance de la democracia en México. México llega a estas elecciones con una institucionalidad disminuida que se refleja en la falta de transparencia en los programas sociales destinados a superar la pobreza y en la falta de designaciones de funcionarios de las dependencias fiscalizadoras de la justicia.

La fiscalización será el gran tema de las elecciones de este 2018 y la prisa se impondrá a esa delicada tarea. Los partidos deben informar ahora en tiempo real, gracias a la reforma electoral de 2014, sobre el uso de los recursos que el Estado pone a su disposición, y en tiempo real el INE deberá fiscalizar el buen uso de esos recursos en las campañas federales y en las 30 entidades que tendrán comicios locales.

El tema está en el ojo del huracán porque la reforma citada puso como causa de nulidad el rebase de topes de campaña bajo dos condiciones: que la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar sea mayor al 5 por ciento y que el rebase de recursos esté también por encima de ese porcentaje.

Bajo esa premisa, la fiscalización será ejercida con rigor por el INE, pero no escapa a la vista que en el contexto del uso faccioso de las instituciones existe el riesgo de que tramos de la fiscalización por parte de las procuradurías se usen no pensando en la equidad de la contienda sino en la posibilidad de anular elecciones en beneficio de partidos o candidatos específicos.

No obstante, en general, vale la pena señalar un riesgo: las elecciones 2018 llegan en un contexto de alta vulnerabilidad de las instancias fiscalizadoras. No se ha designado al Fiscal Anticorrupción, no se cuenta con Fiscal General de la República, no se han designado magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se dio un golpe a la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales el año pasado dejándolo sin titular durante dos meses, no cuenta con personal ni presupuestos suficientes; no se ha nombrado en tiempo al titular de la Auditoría Superior de la Federación y más aún corre el riesgo de ser capturado por los partidos, el Fondo de Observación Electoral sufrió un recorte de 81% real respecto de las elecciones presidenciales en 2012 y no existen grandes misiones de observación electoral del extranjero ya que México es un país de “renta media” y “democratizado” en tanto que para Estados Unidos, México no es prioridad y no vigilará las elecciones. En suma, campo abierto para el desvío de recursos de programas sociales y su uso clientelar.

Pero la fiscalización, en específico el monitoreo y vigilancia, también la harán puntualmente los medios de comunicación, las organizaciones sociales y los ciudadanos.

Nosotros en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza nos hemos comprometido a seguir un programa cuyo objetivo fundamental es monitorear, evitar y en su caso denunciar el uso de recursos presupuestales destinados a los programas sociales en prácticas de clientelismo electoral. Esas acciones rompen la equidad de las contiendas por lo que atentan contra la democracia y contra la superación de la pobreza.

Un paraíso para la corrupción

La debilidad institucional se ilustra en el diseño de los programas sociales vulnerables a usos indebidos por políticos de todos los partidos. Coneval reporta la existencia de 6 mil 491 programas sociales en el país. Hay programas operados por el gobierno federales, por los gobiernos estatales y por los ayuntamientos. Hay programas duplicados y hasta triplicados. Hay unos que cubren necesidades reales y otros que son verdaderas ocurrencias como el de apoyo a quinceañeras.

La clave está en la falta de transparencia. De los 152 programas de subsidios, transferencias y prestación de servicios sociales federales, 85 no cuentan con reglas de operación y 66 carecen de padrón de beneficiarios. La situación de los programas estatales es más dramática, carecen de padrones y no tienen registros presupuestales de 2014: solo 16% de los programas aparecen en el presupuesto, 17% en la cuenta pública, 84% en los informes de gobierno y solo la mitad cuentan con reglas de operación o lineamientos normativos.

El caso más fresco en el imaginario común es el del Salario Rosa que ya opera en varios estados y que puso en la agenda pública Alfredo del Mazo en su reciente campaña por la gubernatura. La semana pasada el Instituto Nacional Electoral recibió una queja en el cual demanda al gobierno del Estado de México suspenda la entrega del programa Familias Fuertes Salario Rosa.

El demandante acusa que hasta ahora el gobierno de Alfredo del Mazo ha entregado en 5 actos masivos encabezados por el gobernador un total de 18 mil 583 monederos electrónicos que implican un ejercicio presupuestal de 44 millones 599 mil 200 pesos, considerando que representa un depósito de 2 mil 400 pesos a cada tarjeta.

Si bien la ley permite que la entrega de beneficios de los programas sociales no se suspenda en el curso del proceso electoral, los demandantes afirman que “es claro que al llevar a cabo estos eventos se ponen en riesgo los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral”.

Ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, en una tesis de jurisprudencia, que los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en las campañas.

En marzo, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México dio a conocer los resultados de la medición de la pobreza multidimensional a nivel municipal. El estudio exhibe la poca efectividad de los recursos destinados al apoyo municipal entregados de manera discrecional. Un caso ejemplifica la gravedad ética del tema: Coyoacán, que en el primer semestre de 2017 gastó 289 millones de pesos de estos fondos que se usaron para comprar y repartir juguetes, vajillas, útiles escolares, tabletas. En el mismo periodo la inversión para programas sociales fue de 55 millones de pesos.

Y ahí radica el problema, la ley es ambigua y los políticos de todos los partidos lo aprovechan en su beneficio. Desde la sociedad civil exigimos a los órganos legislativos, dotar al país de reglas claras y simples que garanticen la limpieza electoral y eviten que los recursos dedicados a la superación de la pobreza y la desigualdad sean usados con propósitos electorales.