Chihuahua: nuevo enfoque frente a pobreza y desigualdad

Chihuahua: nuevo enfoque frente a pobreza y desigualdad

El nuevo Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021 aprobado por el gobierno del Estado de Chihuahua, contiene varios elementos innovadores y orientaciones que pueden ser promisorias para generar una nueva política frente a la pobreza y la desigualdad en ese estado.

Desde la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza hemos estado en diálogo con el gobernador Javier Corral y su equipo desde la etapa de transición. Por eso nos alegra y nos alienta constatar que hay avances en las propuestas que hicimos llegar.

Son de resaltar los siguientes aspectos del nuevo Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua:

Colocar las personas al centro, organizando las estrategias y acciones por sujetos sociales.
Asumir cuatro ejes transversales de alto impacto y relevancia.
Adoptar un enfoque de derechos en la política social y económica.
Establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional encabezado por el gobernador.
Alinear el Plan Estatal de Desarrollo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS 2030).
Las personas al centro, estrategias y acciones por sujetos sociales.

El Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua coloca a las personas en el centro de las políticas y organiza las estrategias y acciones por sujetos sociales y grupos vulnerados.

Hay cuatro sujetos sociales prioritarios en el Plan:

Niñas y niños de 0 a 11 años
Adolescentes de 12 a 17 años
Jóvenes de 18 a 29 años
Adultos mayores de 60 años

Además hay cuatro grupos sociales vulnerados, que también son prioritarios:

Las personas indígenas
Las personas migrantes
Las personas jornaleras
Las personas con discapacidad

De esta manera se pueden identificar y enfrentar condiciones específicos de vulnerabilidad para cada sujeto social y grupo social a fin de formular y desarrollar políticas enfocadas en las personas.

Asumir cuatro ejes transversales de alto impacto y relevancia.

El Plan Estatal de Desarrollo del nuevo gobierno de Chihuahua asume cuatro ejes transversales al conjunto de los cinco ejes rectores, a los objetivos y a las estrategias y acciones.

Los cuatro ejes transversales son:

Opción preferencial por las personas en situación de pobreza.
Derechos Humanos e inclusión social.
Agenda TAI: Transparencia, combate a la corrupción y la impunidad.
Reforma del poder, participación ciudadana y democracia efectiva

Estos cuatro ejes transversales orientan los objetivos y las estrategias de los cinco ejes rectores del Plan, que son: 1) Desarrollo Humano y Social; 2) Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional; 3) Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; 4) Justicia y Seguridad; 5) Gobierno Responsable.

Estos ejes transversales responden de manera adecuada y directa a las propuestas presentadas por la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en su comunicación a los 12 gobernadores electos en 2016: ubicar el objetivo de superación de la pobreza y la desigualdad como una prioridad del conjunto del gobierno y no sólo de una secretaría; adoptar un enfoque de derechos e inclusión social de quienes padecen exclusión y vulnerabilidad; desterrar el enfoque clientelar y electoral de las políticas sociales y promover una participación ciudadana efectiva con rendición de cuentas y transparencia.

Los cuatro ejes transversales del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua se corresponden muy bien con estas propuestas y si logran permear el conjunto de las políticas e instituciones de gobierno pueden representar un cambio sustancial en el enfoque y la implementación de las políticas no solo estatales, sino a nivel nacional.

Adoptar un enfoque de derechos en las políticas

El Plan de Desarrollo de Chihuahua adopta un enfoque de derechos, al incluir a los derechos humanos como eje transversal. También de manera explícita se propone “cambiar el paradigma: del asistencialismo a los derechos humanos”.

En el eje rector Desarrollo Humano y Social el plan asume el conjunto de derechos de la Ley General de Desarrollo Social, incluyendo la dimensión de ingreso y la dimensión de cohesión social.

Todavía este enfoque es incipiente y habrá que ver si los programas sectoriales y especiales logran establecer cambios institucionales suficientes para promover un enfoque operativo que garantice, promueva y defienda el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) conforme a los estándares internacionales ya establecidos en el art. 1º de nuestra Constitución.

Establecer un mecanismo de cordinación interinstitucional encabezado por el Gobernador

El Plan establece un mecanismo de coordinación interinsticuional, asignando el liderazgo de atención a los suejtos sociales a alguna de las entidades y dependencias del gobierno estatal, así como la atención a derechos específicos.

Lo Comisión Interinstitucional de Desarrollo Humano y Social prevista en las leyes locales, es presidida por el Gobernador y constituye un gabinete dedicado a las estrategias y acciones frente a la pobreza.

Alinear el Plan a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030).

El último aspecto a destacar es que el Plan de Desarrollo de Chihuahua está orientado por la Agenda 2030 de la ONU y asume los ODS 2030 como una guía para establecer objetivos, estrategias y acciones en los diversos ejes rectores.

Esto permite darle sentido de integralidad y reforzar el enfoque de derechos, así como priorizar los resultados en función de la inclusión social, siguiendo el lema que guía la Agenda 2030 de “no dejar a nadie atrás”.

Conclusión

El nuevo Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021 del Estado de Chihuahua presenta avances y ofrece un buen punto de partida para lograr resultados frente a la pobreza y la desigualdad.

Para llevar a la práctica el cambio de paradigma y el nuevo enfoque asumido en la formulación del Plan es necesario hacer ajustes institucionales y modificar aspectos sustanciales de la gestión de programas y servicios.

Algunas recomendaciones que insistiremos en nuestro diálogo con el Gobierno del Estado son:

Formular un plan especial frente a la pobreza y la desigualdad que fije un conjunto de objetivos prioritarios, que permitan articular las políticas y programas. Los objetivos prioritarios no pueden ser muchos y deben estar centrados en transformar factores de generación de pobreza. Los objetivos prioritarios deben orientar el esfuerzo del conjunto de las dependencias involucradas y alinear las actividades que cada una de las entidades y programas realiza, así como articular también con el gobierno federal, los gobiernos municipales y la sociedad civil.
Establecer metas para esos objetivos prioritarios centradas en el cierre de las brechas de desigualdad en el ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Las metas deben permitir establecer indicadores de nuevo tipo que superen la visión centrada en modificar las variables usadas en la medición de la pobreza.
Establecer procesos de coordinación con base en herramientas de planeación compartidas, como mapas y un padrón único de beneficiarios. Sin estas herramientas la coordinación no es viable y queda como una intención.
Generar un mecanismo de monitoreo desde la oficina del Gobernador, a través de la oficina de coordinación del Gabinete, que dé seguimiento a los avances mediante indicadores aproximados, alineados a los objetivos y metas, actualizados con información disponible en plazos no mayores a un año.
Establecer una instancia externa de evaluación al plan especial interinstitucional frente a la pobreza y la desigualdad, con participación de expertos de la sociedad civil y del gobierno, tanto del estado como del resto del país, como parte del acuerdo a firmar con la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.