Abuso del poder público y falta de poder ciudadano

Abuso del poder público y falta de poder ciudadano

El evento realizado con motivo del 2º Aniversario de la creación de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza inició con un panel donde participaron expertos en transparencia y combate a la corrupción: Mariclaire Acosta, experta defensora de derechos humanos y hoy integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); Benjamín Fuentes, secretario técnico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y Bárbara del Castillo, coordinadora de política social de Transparencia Mexicana (TM).

Tres ideas centrales resumen ese diálogo:

La pobreza en el país está en el mismo nivel que hace 25 años: 53 % de la población sin ingreso suficiente para lo más básico. Se requiere un cambio de paradigma y de políticas. Por eso proponemos cohesión social, como un proyecto para la Nación.
En el Estado de México la pobreza se incrementó de 7.2 millones a 9.8 millones entre 2008 y 2014. El Edomex es el estado con mayor cantidad de personas en pobreza y la mayoría de sus programas no tienen documento normativo y no reportan en la cuenta pública. Urge el padrón único para evitar el uso discrecional de los recursos públicos con fines políticos y electorales.
Articular la agenda anticorrupción con la agenda de derechos humanos y frente a la pobreza y la desigualdad es posible y urgente. El Sistema Nacional Anticorrupción debe enfrentar situaciones estructurales que afectan a millones de personas como la falta de atención en los servicios de salud.

Aquí presentamos algunas de las reflexiones centrales compartidas por el panel:

Las organizaciones integrantes de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza concluyeron que es necesario alertar a la opinión pública sobre la permanencia del uso electoral de los programas sociales.

La falta de transparencia, de normatividad y de institucionalidad de los programas sociales permite su sesgo político y electoral a la vez que explica la falta de resultados frente a la pobreza.

Una medida urgente de cambio institucional es un padrón único que sea obligatorio para los programas de los tres órdenes de gobierno, el federal, los estatales y los municipales.

Un ejemplo grave de esta situación se da en el Estado de México. Ahí se contabilizan 232 programas sociales del gobierno del estado. Esto en sí mismo ya refleja un problema de dispersión.

Pero la situación es más grave, también falta institucionalidad y transparencia. Según datos del inventario de CONEVAL, 170 de los 232 programas (73 %) del gobierno estatal del Edomex carecen de un documento normativo. Es decir, 3 de cada 4 programas estatales, no cuentan con las condiciones mínimas que permitan conocer su objetivo, su diseño y cómo se asignan los recursos. Esto abre un gran espacio a la discrecionalidad y el uso clientelista de los programas sociales.

La pluralidad política y la alternancia de partidos en el gobierno ha incrementado el número de programas, lo cual genera dispersión, dispendio de recursos y abre espacios para la opacidad. Esta es la base del uso electoral de programas y explica la urgencia de legislar ya para crear el padrón único de beneficiarios. El padrón sería la única manera permitida para asignar subsidios y apoyos, en efectivo o en especie, a personas, familias u hogares. De esta manera se prohibiría la asignación discrecional, que permite el uso político de los programas como forma de presión y creación de clientelas para las elecciones.

De acuerdo con el inventario nacional de programas y acciones de desarrollo social más reciente que elabora Coneval, existen 6 mil 751 en los tres órdenes de gobierno. El número de programas de los gobiernos estatales pasó de 2 mil 391 en 2010 a 2 mil 849 en 2011, para llegar a 3 mil 788 en 2012.

La falta de transparencia y acceso a la información más básica en los programas y acciones de los gobiernos estatales es elocuente en sí misma. Para el 84 % de los programas y acciones no hay información de presupuesto original; el 75 % de los programas carece de documentos normativos y el 77 % no reporta en la cuenta pública de su entidad.

De los 3 mil 788 programas y acciones incluidas en el inventario estatal 2012, únicamente 596 cuentan con información sobre su presupuesto original, 16% del total. Para 8 de cada 10 programas y acciones ejecutadas por los gobiernos estatales se carece de información presupuestal.

Solo 875 de los programas estatales están reportados en la cuenta pública del Gobierno del estado. Esto es el 23 % del total. Solo 1 de cada 4 programas operados por los gobiernos estatales reportan sus resultados y su ejercicio presupuestal en la cuenta pública. Por ende, 3 de cada 4 programas estatales no son auditables por los órganos superiores de fiscalización.

La falta de resultados frente a la pobreza es muy preocupante. A nivel nacional la pobreza es la misma que hace 25 años: 53% de la población carece de ingreso suficiente para adquirir la canasta básica. Solo que ahora hay 11 millones más de personas en esa situación, para un total de 63.8 millones que viven en pobreza por ingresos.

Es preocupante el uso político, porque por ejemplo en el Estado de México, el resultado es aún más negativo. De 2008 a 2014 el número de personas sin ingreso suficiente para adquirir la canasta básica pasó de 7 millones 234 mil a 9 millones 824 mil personas. Un incremento de más de 2 millones y medio de personas en 6 años.

En síntesis: en el Estado de México se concentran y se ejemplifican bien dos graves problemas del país: la magnitud de la pobreza y la falta de efectividad de los programas sociales, más bien marcada por falta de transparencia y sesgos discrecionales y de clientelismo político.

Las organizaciones agrupadas en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza acordaron intensificar esfuerzos para que antes de que termine el año 2017 se apruebe la reforma al art. 27 de la Ley General de Desarrollo Social para la creación del padrón único de beneficiarios.

El nuevo texto a incluir en la Ley debe establecer que el padrón es el único registro válido para la asignación de cualquier tipo de subsidio, transferencia o apoyo para hogares o personas, de uso obligatorio para los tres órdenes de gobierno. Y a la vez establecer que el padrón se base en criterios sobre las condiciones socioeconómicas de pobreza, rezago social, vulnerabilidad o exclusión y así evitar decisiones políticas, clientelistas o discrecionales.