Carta a gobernadores electos

Carta a gobernadores electos

3 mensajes centrales y 7 prioridades a incluir en el Plan Estatal de Desarrollo de los 12 gobernadores electos en 2016

La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha enviado una comunicación a los 12 gobernadores electos el pasado 5 de junio para asumir un compromiso serio y de fondo con acciones concretas y viables que permitan hacer frente a la pobreza y la desigualdad en: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas

De entrada hay tres mensajes centrales que se les comparten sobre los cambios de fondo que son urgentes:

  1. No bastan los programas sociales. Hay que enfocar y coordinar políticas económicas, de buen gobierno y políticas sociales para reducir la pobreza y la desigualdad, y su perpetuación. Reducir la pobreza y la desigualdad debe ser un “macro objetivo” y una política marco de acciones intersectoriales e interinstitucionales. En especial, se requieren medidas económicas para reducir la pobreza y evitar que se herede de generación en generación. No se debe asignar el “combate a la pobreza” a una dependencia ni mucho menos a un programa.
  2. Hay que terminar con la dispersión de programas. Hay que institucionalizar y articular políticas integradas que garanticen derechos sociales y generen oportunidades de ingreso. Urge terminar con la proliferación actual de programas dispersos, de bajas coberturas, poca efectividad, baja transparencia y amplio margen de clientelismo y uso político. También hay que evitar la tentación de concentrar el esfuerzo en modificar las variables usadas en la medición de la pobreza de manera aislada. Las carencias afectan derechos sociales que se deben garantizar progresivamente.
  3. Hay que evitar las ocurrencias, la opacidad y la simulación. Se requiere mejorar la capacidad institucional y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas para generar procesos articulados en el territorio y que lleguen a los hogares y las personas. Las políticas frente a la pobreza requieren herramientas de planeación y monitoreo transparentes, en plataformas de datos abiertos y con amplia participación de la sociedad civil. Los procesos articulados se centran en la provisión / atención final al “usuario” mediante mapas compartidos, “padrón único” y participación efectiva de la ciudadanía.

Para concretar estos mensajes, se les propone como punto de partida de una deliberación local, que también permita conjuntar el talento y la experiencia del resto del país e internacional, considere las siguientes prioridades en su futuro Plan Estatal de Desarrollo:

  1. Una política de crecimiento económico incluyente y generación de empleo digno, que fomente la formalidad y la productividad de todos los actores económicos, especialmente los pequeños productores y las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), fomentando el desarrollo regional equilibrado y sustentable.
  2. Impulso a la economía social y a las formas de asociación y cooperación de pequeños productores para la mejora de la capacidad productiva y el ingreso de quienes tienen mayores carencias y rezago social, y en particular, con los pueblos indígenas.
  3. Desarrollo de políticas de inclusión productiva y laboral para jóvenes y mujeres, con opciones de empleabilidad, capacitación, intermediación laboral, y servicios de cuidado.
  4. Prioridad al desarrollo infantil temprano en los primeros mil días de vida y a la permanencia educativa de niñas, niños y adolescentes hasta lograr al menos 12 años de educación con calidad, incluyendo el desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo mediante actividades extra escolares culturales, deportivas, artísticas, tecnológicas y de voluntariado social, así como opciones de “segunda oportunidad” para jóvenes en rezago educativo.
  5. Acceso efectivo a la salud con cobertura universal, reordenando el sistema de protección social en salud para combatir la simulación y la corrupción, para garantizar la atención con calidad, la prioridad al nivel preventivo y la detección oportuna, el fortalecimiento de la capacidad resolutiva, el modelo de atención centrado en las personas y la generación y uso eficaz de los sistemas de información para la mejora continua de desempeño.
  6. Impulsar nuevas formas de gobernanza democrática y participación ciudadana en la gestión y disfrute de bienes públicos, mediante formas creativas y transparentes de coinversión y fomento a las actividades de organizaciones de la sociedad civil.
  7. La ejecución de estas prioridades de política económica y social se debe acompañar de una nueva institucionalidad que se dote de instrumentos de planeación, monitoreo y evaluación efectivos e independientes de quienes ejecutan los programas. Entre otros un tablero de indicadores del avance de metas, que esté alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030; el acceso a la información de todos los programas en formato de datos abiertos; un “padrón único” como vía de acceso ágil y transparente a los programas; y el uso sistemático de la evidencia y las evaluaciones para la toma de decisiones.

 

La carta finaliza con la solicitud de cita, en la cual participarían las organizaciones presentes en el Estado, a fin de promover esta agenda.